El senador orureño Rubén Gutiérrez Carrizo estaría impulsando un proyecto de ley que busca el cercenamiento territorial del Departamento de Potosí a través de una modificación de la Ley 496 “Ley de delimitación interdepartamental Oruro-Potosí, en el en el tramo de colindancia denominado Ayllus en Paz” argumentando que diez comunidades que se encuentran establecidas en el Departamento de Potosí corresponden a la jurisdicción de Challapata, Departamento de Oruro.

La senadora potosina Daly Santa María denunció que este es un nuevo intento de los orureños de apropiarse de diez comunidades que está claramente definidas como potosinas y se hallan en los municipios de Uncía y Chuquiuta y, como tales, fueron detalladamente señaladas en la Ley 496 con sus datos georeferenciales y colindancias.

El proyecto del senador orureño indica que “el propósito del proyecto de Ley LP 113/2023-2024 es la modificación del artículo 4 de la Ley Nº 496 con el propósito de actualizar la pertenencia de diez comunidades que en la actualidad erróneamente figuran en el Departamento de Potosí” y, según la Gobernación de Oruro, pertenecerían al municipio de Challapata del Departamento de Oruro.

Se argumenta que en la Ley 496 del 7 de febrero de 2014 “Ley de delimitación interdepartamental Oruro-Potosí, en el en el tramo de colindancia denominado Ayllus en Paz” erróneamente se habría consignado a diez comunidades en nuestro Departamento. Las comunidades a las que hace referencia son: Chiarake, Tajsuta, Cututu, Patacunca, Amachuma, Apacheta, Catuma, Iru Pujro, Kuchi Llallacunca y Pampa Jasi.

Indica que esas comunidades, como están en territorio orureño, no reciben atención del Departamento de Potosí y sería voluntad de sus pobladores la modificación de la norma legal que define su pertenencia al Departamento de Potosí.

RESPUESTA

La senadora Daly Santa María envió una nota a la secretaria de la Comisión de Defensa del Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, Andrea Barrientos, solicitando que el proyecto de Ley 113/2023-2024 sea rechazado porque es la reproducción de una anterior iniciativa legislativa que fue retirada por el senador proyectista luego de que se expusieran los inconvenientes legales, técnicos y sociales inherentes a la propuesta legislativa.