Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 26 de mayo de 2024
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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El expresidente Evo Morales, dijo este domingo que es “totalmente falso” que él esté tras los 1,9 millones de bolivianos como indemnización porque el 2020 fue inhabilitado para ser candidato al Senado y dijo que el hecho fue tergiversado. Aseguró más bien que con su renta de expresidente costea dos ítems para pagar sueldos en su sindicato cocalero San Francisco.
“Aquí no se ha pedido plata, sino que me habiliten (…) no estamos pidiendo plata ni indemnización para nada”, insistió Morales y recordó los antecedentes de hace tres y cuatro años, cuando primero, en febrero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitó como candidato al Senado por Cochabamba.
En
ese entonces, Salvador Romero, que era presidente del ente colegiado,
dijo que Morales no cumplía el requisito de residencia y por eso no
estaba habilitado para postular al Legislativo.
En efecto, Morales el 12 de noviembre de 2019 dejó el país, primero radicó en México y en diciembre de ese año se instaló en Buenos Aires,Argentina ,de donde regresó a Bolivia un año después.
Pero ahora en sus argumentos, Morales elude hablar de ese punto y sólo reitera que su inhabilitación fue ilegal e inconstitucional y se basa en la sentencia constitucional 987/2021 del 18 de marzo de 2021 que declaró inconstitucional su inhabilitación e instruyó un resarcimiento económico, no obstante, Morales dijo que en respuesta a esa sentencia, rechazó el pago de dinero por daño económico porque lo único que pretende es “saber quién dio la orden” para inhabilitarlo para iniciar procesos penales.
Después de tres años, el tema del resarcimiento vuelve como una “estrategia jurídica”, según el exmandatario para usar la sentencia 987 como antecedente y lograr que “nunca más” el TSE inhabilite a un candidato, además de buscar procesar y sancionar a los “cinco vocales” que lo inhabilitaron.
Desde el TSE objetaron la intención de cobrar ese daño económico porque Morales, como exmandatario tiene una renta mensual de 25.000 bolivianos que le paga el Estado.
El diputado 'arcista' del MAS, Jerges Mercado, calificó como una “metida de pata”, la intención de Morales y dijo que él no puede recibir dos ingresos de arcas del Estado
porque esa indemnización sería por los sueldos que Morales no recibió
como senador, en el supuesto hecho de que como candidato hubiera sido
electo.
“Él
percibe un salario mensual como expresidente, que por cierto, es más
alto que el sueldo de un senador, y no puede, por ley, recibir dos
salarios (…) creo que lo que ha querido (Evo Morales) es enmendar la
metida de pata porque lamentablemente todos los días habla y mete la pata”, dijo Mercado a los medios estatales.
Uso de su renta
Sobre la renta vitalicia que él percibe, Morales desde el Chapare aseguró que solventa el pago de dos ítems para su sindicato San Francisco.
“No sé si el Gobierno discrimina a mi sindicato. Estamos pagando dos ítems, uno pagan los padres de familia, otro pago yo con mi renta de expresidente. Antes tenía una escuelita de fútbol (…) yo pago eso ahora. Pago dos ítems en mi sindicato San Francisco”, dijo Morales.
Sin embargo, la renta de 25 mil bolivianos que perciben Morales, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, sería reducida a su mínima expresión, según el líder cocalero, porque dijo que si llega a la presidencia hará que esa renta vitalicia no supere dos salarios mínimos. Actualmente el salario mínimo nacional es de 2.500 bolivianos.
No obstante, la diputada 'arcista' Deysi Choque se adelantó a Morales porque el 4 de abril presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que abroga la Ley 376 “de reconocimiento pecuniario a expresidentes y exvicepresidentes”.
La propuesta es reducir la renta vitalicia de los expresidentes y que ésta sea equivalente a un salario mínimo. Si dicho proyecto de ley se trata y aprueba este año, los exmandatarios bolivianos se quedarían con una renta mensual de 2.500 bolivianos.
No
obstante, ese proyecto es parte de una lista de más de 150 proyectos de
ley que fueron presentados en la gestión de Israel Huaytari que empezó
en noviembre de 2023.