Diferentes actores políticos y de derechos humanos pidieron a la CIDH emitir una medida cautelar que impida a Evo Morales repostularse en 2019, por las denuncias de violación de los derechos de los bolivianos que votaron en su mayoría “No” en el referendo de 2016.

La semana pasada, en una conferencia en Cochabamba, Eguiguren dijo que “han estado buscando un pronunciamiento respecto al problema del 21F y la sentencia del Tribunal Constitucional, y algunas de las medidas cautelares que se conoce ya han sido analizadas por la comisión y no han sido otorgadas porque no se puede por medida cautelar discutir ni el contenido de una sentencia sin entrar al fondo”, según Los Tiempos.

El Gobierno destacó las palabras de Eguiguren. El ministro Alfredo Rada sostuvo que con esas declaraciones la CIDH revela que no emitirá una medida cautelar por el caso del 21F y se confirma la legalidad de la sentencia constitucional que avala la reelección indefinida.

Villena señaló que con esa declaración de Eguiguren se puede generar incertidumbre en la población, y que el Gobierno se agarre de sus palabras para avalar su posición.

Anunció que se elevará “sendos informes” a la CIDH sobre la situación boliviana, para que no se quede con una “versión sesgada” que sirva al Gobierno para legalizar su posición poniendo en entredicho a los que luchan por los derechos humanos.

“Tiene que haber una aclaración necesariamente, ojalá una vez que reciba toda la información que se le mande señor Eguiguren, él pueda hacer una aclaración sobre el tema”, indicó.

Señaló que se hará la solicitud de aclaración lo más antes posible, puesto que el relator no puede emitir un criterio previo a la consideración del caso. Agregó que se podría pedir la recusación de Eguiguren, pero la intención es que la CIDH se fortalezca y no se debilite por sus propias contradicciones.