“Violencia, ausencia del Estado y división de los indígenas”, fue la conclusión a la que arribaron los integrantes de la comisión creada precisamente a instancia de aquellos países que, como Bolivia, han incluido en sus leyes el reconocimiento de los derechos inalienables de la naturaleza y la madre tierra, aspecto que ha quedado en los papeles, tal como se lo puede comprobar en numerosos ataques que el Gobierno nacional ha perpetrado contra el patrimonio natural del país.

Luego de visitar la zona del Tipnis donde las comunidades indígenas que protegen el Tipnis expusieron su realidad, los delegados internacionales intentaron dirigirse hacia el Polígono 7  del parque, región dominada por cocaleros, donde se ha comprobado una invasión masiva de cultivos de coca y de narcotraficantes. Justo en el puente de Isinuta, los dirigentes del Trópico Cochabambino, cuya máxima autoridad sindical es el presidente Morales, se encargaron de dejar sentado que el Chapare es una suerte de zona de exclusión impenetrable.

En ese lugar, los cocaleros hicieron gala de su prepotencia, tomaron de rehenes a los delegados, los amenazaron con palos y todo tipo de objetos y los retuvieron durante casi ocho horas sin posibilidades de acceder a servicios básicos, a comida ni regresar para ponerse a resguardo de ese derroche de hostilidad. Según testimonios quienes sufrieron semejante atropello, los dirigentes sindicales actuaban como dueños del lugar, daban órdenes a la Policía y lo peor de todo es que en ningún momento se impuso la autoridad gubernamental para preservar la integridad de la comisión entre las que había adultos mayores.

Pese a que supuestamente el Gobierno había ofrecido las garantías necesarias al Tribunal para que hace su trabajo, tal como sucedió con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, la realidad fue muy distinta en este caso, algo inexplicable, habida cuenta de que el Gobierno se esfuerza en brindar la imagen ante el mundo de un país democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Este incidente se vuelve aún más grave por tratarse del Chapare, un lugar estrechamente ligado al presidente Morales y al 'proceso de cambio', que durante años trata de convencer de que la coca no está ligada ni a la violencia ni a nada oscuro que deba ser ocultado.