La senadora del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ana María Castillo, indicó que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó en reiteradas ocasiones a reuniones internas para poder consensuar temas urgentes como las elecciones judiciales y la preselección de los candidatos para este proceso.

Sin embargo, consideró que no hubo voluntad de los distintos actores políticos. “No existe predisposición de la oposición”, señaló a tiempo de recordar que de la última reunión que convocó sobre las judiciales se retiraron los representantes de las bancadas opositoras.

Uno de los temas que más genera controversia entre el oficialismo y la oposición es la autoprórroga de magistrados, evistas y opositores insisten en que las leyes para retirarlos del cargo se traten en la ALP, pese a que ya hay un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala la extensión de su mandato y que es reconocido por los arcistas.

En esta línea, el martes se conoció que la Sala Constitucional Primera de La Paz admitió la acción de cumplimiento contra el vicepresidente Choquehuanca por la demora en la convocatoria al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar los proyectos de ley antiprórroga de magistrados 073 y 075.

El recurso fue presentado por los senadores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Tórrez y Lucy Escobar, el jueves de la semana pasada. La audiencia está fijada para las 16:00 de este miércoles y es de forma presencial.

Los demandantes denunciaron que Choquehuanca demora la convocatoria pese a que los plazos en la Cámara de Diputados, instancia revisora de las normas, ya se cumplieron. Por su parte, Castillo indicó que no hay interés en el ala arcista del oficialismo de mantener a los “prorrogados” en sus cargos, pero no se los puede retirar porque hay temas pendientes. “La prórroga no nos corresponde a nosotros (asambleístas), sabemos que la prórroga no es legal para nosotros, pero tiene que seguir”, sostuvo a tiempo de mencionar que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que un magistrado debe ser remplazado por otro magistrado elegido por la población boliviana.

Insistió que la APL no puede designar o sugerir magistrados sino que “es el pueblo el que eligió a magistrados”.

Las elecciones judiciales estaban programadas para 2023, pero recursos constitucionales frenaron el proceso. En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) publicó fallo que avaló la autoprórroga.

Este año el Legislativo volvió a convocar a los postulantes, pero un recurso de acción popular lo anuló. Así, los comicios no tienen fecha y hay incertidumbre sobre su realización.

Evistas y opositores no reconocen la legalidad de los magistrados y propone el desacato a sus resoluciones. Los arcistas, por su lado, esperan que el TCP se pronuncie a favor del Legislativo para retomar el proceso. Sobre la demora en convocar a sesión de plenario, Castillo señaló que Choquehuanca no puede cumplir con ese trámite porque existen recursos legales pendientes que están vinculados con las elecciones judiciales.

“El presidente nato (de la ALP) no puede convocar de manera abrupta a una asamblea general si hay recursos pendientes”, remarcó.