Barrientos sostuvo que esta reapertura de procesos tiene el objetivo de encarcelarla, en ese sentido, anunció que enjuiciará a fiscales y vocales por no respetar las prerrogativas que le otorga la Constitución Política del Estado (CPE) y acudirá a instancias internacionales para denunciar el hostigamiento judicial en su contra.

Uno de los casos se refiere a una acusación por la quema del Tribunal Electoral Departamental de  Cochabamba en 2019; sin embargo, pese a no haber una sola prueba, más de cuatro años después se reactiva, aunque la Sala Constitucional instruyó cerrar el caso, pero el juzgado encargado insiste en mantenerlo abierto. Además, el Tribunal Electoral Departamental (TED) presentó una objeción al rechazo de su defensa, para prolongar el proceso judicial.

“Se ha rechazado el proceso en tres ocasiones y en tres se ha revocado el rechazo, ahora el TED ha vuelto a apelar a pesar de que no presenta una sola prueba que me involucre en el caso. Esto es más complicado porque hemos denunciado a la presidenta del TED porque está sumiendo funciones de forma ilegal como ocurrió con la señora (Dina) Chuquimia, ella es quien se siente incómoda con nuestras denuncias y continúa con este proceso que no tiene pies ni cabeza”, dijo. Barrientos explicó que, en su trabajo de fiscalización, intervino en el hospital oftalmológico de Parotani,  Cochabamba, una obra con una inversión de más de un millón de dólares que, actualmente, se encuentra en condiciones deplorables. Sin embargo, en el transcurso el alcalde de Sipe Sipe la denunció por destrucción de bienes del Estado, acusación que calificó de falsa y política.

“Hemos presionado a la contraloría y la fiscalía para que las investigaciones y procesos contra la empresa constructora, el exalcalde y quienes gestaron el programa ‘Bolivia cambia, Evo Cumple’ puedan tener resultados; pero, el alcalde de Sipe Sipe me inició un proceso por daño económico y destrucción de bienes del Estado, ese proceso fue rechazado en primera instancia por el fiscal de materia y, lamentablemente el fiscal departamental de  Cochabamba ha revocado el rechazo en menos de 20 días”, señaló.Sin embargo, resaltó que la parte acusadora no entregó ni una prueba sobre los supuestos daños a dicho establecimiento de salud cuando en realidad este tenía un deterioro más que evidente pese a que era una construcción reciente; además, recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga inviolabilidad parlamentaria que inhibe que los asambleístas sean procesados penalmente por los actos de fiscalización, pese a ello, el proceso continúa.

“Pero no es el único hospital que hemos revisado, en el mismo marco hemos denunciado el desfalco de 153 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial (BM) que han desaparecido y estaban destinados a la construcción de otros hospitales, a raíz de esta fiscalización se ha procesado a más de ocho personas y hoy el gobierno está en un entuerto, porque tiene que responder por ese dinero”, aseguró.

La parlamentaria opositora reiteró que por su trabajo tanto en la Comisión de Constitución, así como por el rol de fiscalización que ejerce sobre todo en el área de salud, el gobierno determinó tomar represalias en su contra e instruir a jueces y fiscales que continúen los procesos aun cuando no existen pruebas para continuar con estos.