Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 17 de mayo de 2024
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El caso de la expresidenta, Jeanine Áñez ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2023 y el Estado boliviano debe prepararse para otorgar una indemnización porque el caso llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la flagrante vulneración de derechos que sufrió en este proceso del caso ‘golpe II’, alertó este viernes el abogado Eusebio Vera, quien es defensor de los jefes militares.
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“Esta sentencia va a tener consecuencias para el Estado boliviano con seguridad porque ya hay una demanda internacional en curso por la vulneración de los derechos de la expresidenta (Jeanine Áñez) y el Estado va a tener que resarcir económicamente estas acciones y será el bolsillo del contribuyente que pague esa demanda”, explicó el abogado. Agregó que será el momento de que las autoridades de ese entonces juzguen a los que provocan el daño a las arcas del Estado.
En mayo de 2023 la defensa de la exmandataria anunció que presentó su demanda ante la CIDH y el miércoles 15 de mayo, nuevamente anunciaron una segunda demanda contra el Estado por la negación de justicia.
“Los abogados en Bolivia, los que litigamos a diario sabemos que en la mayoría de los casos, cualquier recurso de casación que llega a Sucre (al Tribunal Supremo de Justicia) demora hasta tres años en resolverse y nadie dice nada, en este caso hubo una curiosa y excesiva celeridad”, explicó Vera.
La sentencia en primera instancia fue dictada en junio de 2022 y casi dos años después se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificando esa primera decisión. Sin embargo, Vera dijo que esa decisión fue el último paso y ahora la defensa de la exmandataria tiene todos los argumentos para sustentar su demanda internacional.
Recordó que está por llegar a la Corte IDH el denominado caso terrorismo en el que el demandado es el Estado y existen otros ocho procesos de personas involucradas en 2009 en ese escándalo. La Procuraduría ya informó que no puede pagar el resarcimiento que piden las víctimas. Los demandantes también adelantaron que llevarán al Estado a los tribunales.
