El Gobierno y el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza intercambiaron críticas ayer, en medio de la polémica generada el domingo por la retención de los agentes internacionales en el Polígono 7 del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EEUU) y Enrique Viale (Argentina) admitieron tras reunirse con su autoridad que carecen de potestad vinculante y coercitiva, y que su nombre es simbólico.

Sostuvo que luego de un encuentro por más de tres horas con ese grupo, el Tribunal no depende de Naciones Unidas (NNUU) o la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que señaló que hubo una mala interpretación en algunos medios de comunicación cuando lo presentaron como un organismo con facultades para juzgar a los Estados.

"Porque no es ningún organismo oficial, ellos lo han reconocido, que no emergen de ninguna instancia oficial a nivel de los Estados, de la región o comunidad internacional, ellos han reconocido que provienen de ONGs y que se han autoorganizado para emitir criterios morales referidos a la naturaleza", señaló.

El fin de semana la delegación fue bloqueada, retenida e impedida de ingresar al Polígono 7 del TIPNIS.

Romero indicó que esa representación se equivocó porque sus interlocutores son "apócrifos" pues no coordinó con los "verdaderos dirigentes indígenas", quienes se sintieron "agredidos" cuando el grupo pretendió visitar el territorio.

"Les hemos orientado en sentido de que no deben dejarse confundir por pseudo representantes indígenas o por aquellos que hablan a nombre de los indígenas", mencionó.

Por la mañana y sobre el incidente del domingo, dijo que si bien él había garantizado el arribo del Tribunal al país, su circulación en territorio indígena ya es atribución de los habitantes de esa zona, quienes observaron la presencia de los delegados.

“¿Cuál secuestro? No ha habido ningún secuestro, nadie ha sido secuestrado. Ese es un territorio indígena y tienen que coordinar con sus representantes dirigenciales, sus representantes legales (…) Yo no puedo condenar que los dirigentes indígenas denuncien que nadie ha coordinado con ellos”, afirmó, luego de rechazar que hayan sido grupos de cocaleros los que frenaron el ingreso de los representantes de esta “plataforma de instituciones privadas”.

Miembros del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), afín al Gobierno, bloquearon y no permitieron el paso de la comitiva, integrada además por emisarios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y miembros de la prensa.

El cacique mayor del CONISUR, Jacinto Noza, afirmó ayer que hay cultivos de coca en el Polígono 7. “No le puedo mentir, existen cocales desde hace mucho tiempo. La producción cocalera en el polígono siete tiene sus límites, está en la Ley de Coca que tienen”, sostuvo.

“Yo no participo en sus cosas de coca”, sostuvo en relación a los productores de coca que sí tienen cultivos dentro del TIPNIS.

ACLARACIONES DEL TIRBUNAL

El citado Tribunal solicitó ayer al presidente Evo Morales cumplir la declaración de Tiquipaya, que estableció los lineamientos de respeto a la Madre Tierra.

Hacemos "un llamado al Gobierno de Bolivia (...) para que haga realidad lo que se estableció en Tiquipaya (Cumbre Mundial de los Pueblos de 2014), lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra", dijo Acosta en conferencia de prensa.

"Nosotros surgimos desde la sociedad civil (y) hemos retomado la posta de Tiquipaya, queremos hacer realidad el espíritu de Tiquipaya, ese es el punto medular", manifestó Acosta. También negó que sean, como el Gobierno los considera, una Organización No Gubernamental (ONG) y que hayan llegado al país en calidad de turistas.

Luego agregó que el domingo se vulneraron sus derechos al impedirles el paso al Polígono 7. “Estuvimos seis horas detenidos en condiciones bastante desagradables, en un ambiente hostil y eso va en contra de un Estado democrático, donde se permite la libre movilidad de las personas”, agregó Acosta.

También preguntó “¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué no se puede ingresar al Polígono 7?".

Cerró indicando que pretendían "averiguar cuál es la realidad porque nos preocupa, por ejemplo, el porcentaje de deforestación en el Polígono 7 (del TIPNIS), hay problemas de afectación a la biodiversidad y otros impactos, sobre todo porque no habría un estudio de impacto ambiental para construir una carretera" por medio del parque.

Opositores ven que cerco cubrió cultivos de coca

Asambleístas de la oposición consideraron ayer que el cerco a la comisión del Tribunal de Derechos de la Naturaleza puso en evidencia la destrucción del TIPNIS con cultivos ilegales de coca.

El cerco “dejó en evidencia ante la comunidad internacional la destrucción que se está realizando en el TIPNIS con la expansión de cultivos de coca ilegal y de los productores de la coca excedentaria, que actúan amparados por el Gobierno”, dijo el senador Oscar Ortiz.

“No permitieron el ingreso al Polígono 7 porque ahí hay colonos que se dedican al cultivo de coca ilegal, la zona del TIPNIS no es una zona autorizada para el cultivo de coca, (pero pese a esa situación) en el Polígono 7 hay cultivo de coca y además se tiene que investigar si existe en esa zona alguna fábrica clandestina de cocaína”, agregó la diputada Lourdes Millares.

La diputada Eliane Capobianco también compartió esa visión sobre el accionar que impidió el ingreso de la representación internacional para verificar la denuncia de violación a los derechos de la Madre Tierra y de los indígenas del TIPNIS.