Una semana más es el plazo que estiman los legisladores del arcismo de la comisión mixta de Constitución para conocer la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respecto de la prosecución de la preselección judicial que está paralizada en la Asamblea Legislativa.

“Hay 9.000 causas que tienen que atender y ya nos notificaron con el sorteo de la causa el jueves y hasta la siguiente semana se puede conocer la resolución que pueda remediar lo determinado por la sala constitucional de Pando”, dijo el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS-ala arcista).

El 30 de abril un tribunal de Cobija paralizó el proceso de preselección de candidatos a magistrados por una acción popular que presentó una activista indígena de la región. Desde entonces, el trabajo está obstruido y se debe pensar en un nuevo cronograma porque ya vencieron los plazos. La Vicepresidencia envió un memorial solicitando que el TCP pueda acelerar plazos respecto del fallo definitivo sobre la decisión de la sala pandina.

De acuerdo con el Código Procesal Constitucional todos los fallos que asuman las salas constitucionales departamentales deben ir en revisión al TCP en la ciudad de Sucre. Jauregui dijo que son 9.000 causas pendientes que tienen en ese tribunal. Una manera de excusar la poca celeridad en la resolución.

El jueves, en la reunión que fue convocada por el Vicepresidente, David Choquehuanca, este pidió a los jefes de bancada firmar un documento institucional exhortando a los prorrogados que se puedan pronunciar rápidamente. La petición fue rechazada por los legisladores. Argumentaron que una petición de esa naturaleza significaba darle legitimidad a los magistrados.

Jauregui explicó que el único caso que bloquea a la Asamblea es el de Pando y que el resto de las 32 demandas que se presentaron están relacionadas con la situación de algún candidato en particular. Por tanto, se debe ir resolviendo conforme se avanza el proceso.

Aseguró que ningún otro recurso presentado por los candidatos inhabilitados dispone la detención del proceso. Los candidatos recurrieron a amparos constitucionales para que sus casos sean reconsiderados y esas peticiones serán atendidas cuando se retome el proceso.