No solo estamos hablando de un territorio sin Estado, sino de una acción ilegal que ha sido justificada por el mismo Estado. La retención de los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el ingreso al Tipnis debe alarmar, tanto como que las autoridades del Gobierno avalen semejante acción.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se hizo presente en Bolivia a pedido de la Subcentral Tipnis y el Consejo Nacional del Sur (Conisur). La primera contraria a una carretera que atraviese el Tipnis y la segunda ubicada en una zona que ya es colonizada por los productores de coca de Chapare. A su llegada y ante amenazas de una diputada del MAS, los miembros de este ente recibieron garantías del Gobierno para circular por todo el territorio nacional. Lograron ingresar por Beni, pero cuando intentaron hacerlo por Cochabamba (Chapare) fueron bloqueados y retenidos de manera ilegal.

Según testimonios, la comitiva fue cercada, sus integrantes no podían entrar ni salir de la zona durante más de cinco horas. Los interlocutores eran dirigentes del Conisur y un dirigente campesino y exsenador del MAS, ellos ‘negociaron la salida’. Un día después, el ministro que había avalado la ‘libre circulación’ de este tribunal dijo que tuvo que enviar a la Policía regional para prestar ayuda y “que puedan abandonar el lugar”.

Al día siguiente, el mismo ministro de Gobierno aseguró que no hubo ningún secuestro porque no se pidió recompensa ni se ató a ninguna persona. Después justificó: “Pregúntenles a los dirigentes indígenas por qué no les dejaron entrar, ellos dicen que son políticos y no vienen a coordinar nada, vienen a perturbar su vida. Los indígenas se dan perfectamente cuenta de las cosas”. Las palabras del ministro siguieron línea de otras voces gubernamentales que no condenaron una retención ilegal.

¿De qué estamos hablando? La realidad de los hechos muestra que no hay libre circulación en la zona de Chapare por donde se ingresa al Tipnis; también pone en evidencia que retener ilegalmente a personas (nacionales y extranjeras) no tiene sanción; finalmente, desvela la incoherencia en el Gobierno que, en 2010, promovió la creación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y que ocho años después lo descalifica, porque va contra el afán de partir el Tipnis para construir una carretera. Impedir la circulación y retener ilegalmente a esta comitiva también refleja que se está ocultando algo. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? ¿Que la carretera ya avanzó sin el consenso de todos los pueblos del Tipnis? ¿O quizás que los cocaleros ya avanzaron con sus cultivos en ese territorio protegido?

Urge una explicación veraz y convincente. Mientras tanto, es un imperativo que el territorio nacional no tenga áreas sin Estado.

Los hechos son demasiado elocuentes y ya recorren el mundo; los hechos valen más que los discursos.