Es una jornada crucial para el fututo de las elecciones judiciales. En medio de un cruce acusaciones y la presión del evismo y la oposición, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, espera hallar una salida legal para allanar el proceso.

Choquehuanca convocó para las 15:00 de este jueves a una reunión clave a los presidentes del Legislativo y a los jefes de las tres bancadas con representación parlamentaria.

El objetivo del cónclave, según la Vicepresidencia, es “encaminar la materialización de las elecciones judiciales”.

El presidente del Senado, el legislador evista Andrónico Rodríguez, y las fuerzas de oposición impulsan el “proyecto de ley interpretativa de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y de Reposición de Plazos”. La norma, que tenía que ser debatida el miércoles en el pleno del Senado, al final fue derivada a la Comisión de Constitución para su tratamiento.

Con esta ley se busca establecer nuevos plazos y frenar los recursos constitucionales que anularon el proceso de selección de candidatos a los comicios.

El TCP

En ese marco, la llave está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ha sido cuestionado por los fallos contra el proceso.

En el comienzo de esta semana Choquehuanca pidió al TCP el adelanto del sorteo de causa y la resolución de la acción de defensa interpuesta en el proceso de preselección de autoridades del Órgano Judicial.

Esta acción no frenó las críticas de los legisladores del evismo y la oposición, que desde el Senado conminaron a Choquehuanca a convocar a sesión del pleno en el plazo de 48 horas con el objetivo de destrabar el proceso.

Las comisiones de Constitución y Justicia Plural, que son las encargadas del proceso de preselección de postulantes, ya habían pedido la semana pasada que se llame al pleno y enviaron informes a Choquehuanca para que ese fin.

El martes, el Secretario General de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, explicó que los informes adjuntos a las notas remitidas a la Vicepresidencia no mencionan la aprobación de ningún instrumento de acción parlamentaria para la consideración y debate en el pleno de la Asamblea.

Además, según un boletín institucional, el informe tampoco cumplió con ciertas formalidades establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

En medio del disenso, los líderes del Legislativo y las tres fuerzas con representación en esa instancia buscan una salida legal para que al final se concreten las elecciones judiciales que debía llevarse a cabo en 2023.

Por efecto de la demora, los actuales magistrados se autoprorrogaron, lo que ha generado un ola de críticas y denuncias.

Algunos representantes de oposición consideran que el Gobierno busca posponer los comicios, una hipótesis que fue rechazada por las autoridades del Ejecutivo, que inclusive garantizaron el presupuesto.