Instituciones de la sociedad civil y la senadora Silvia Salame presentaron este martes el proyecto de ley de acceso a la información y documentación pública, para garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía previsto en la Constitución y que busca avanzar en la sostenibilidad democrática. El principal objetivo es «garantizar el acceso a la información en el marco de la Constitución Política del Estado» y «proteger los derechos de los ciudadanos», porque no se trata de una propuesta exclusivamente para los periodistas y medios de comunicación, dijo Salame.

El proyecto de ley es el resultado de un intenso trabajo de instituciones de la sociedad civil como: Red Unitas, Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, Cedib, Cladem-Bolivia; organizaciones de periodistas como Asbora y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Además, participó con sus aportes técnicos entidades del Estado como el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Un trabajo que se viene realizando desde la gestión 2023, detalló la senadora.

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores, constituyéndose en la cámara de origen, en su opinión debería remitirse para su consideración a la Comisión de Constitución, por la relevancia y la importancia que tiene el tema. El proyecto apunta a fomentar la cultura de la transparencia, promoviendo la participación de los diferentes sectores sociales. La senadora Salame señaló que se propuso el tema ante el “nulo” acceso a la información en el país. “Para el ciudadano es un viacrucis conseguir un documento, incluso cuando uno se funda en lo que dice la Constitución, el derecho a la petición, responden que no le pueden dar (la información) y con eso se dan por contestados, ni siquiera ingresan al fondo. Para mí es nulo el derecho a acceder a la información, es casi imposible”, afirmó la legisladora. El proyecto tiene un alcance para toda la estructura estatal del sector público, como los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, empresas estatales, entidades descentralizadas, desconcentradas y en los diferentes niveles de gobierno.

Uno de los puntos más importantes son las “excepciones” que se plantearon en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, estableciendo una cantidad reducida de las mismas “precautelando que estas sean proporcionales, necesarias y claramente definidas”. De acuerdo a la propuesta se sugiere que el “órgano garante” que proteja el ejercicio de este derecho y pueda resolver aquellos casos donde la ciudadanía sea vulnerada en el ejercicio de su derecho sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de cubrir esta misión.

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