CAMBIO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que el Estado tiene políticas de vanguardia en la protección y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y es un referente importante en el mundo en la protección de los derechos de la Madre Tierra.

La autoridad manifestó que el Gobierno desarrolla un papel proactivo con relación al tema, por lo que tituló 24 millones de hectáreas de terrenos en favor de los pueblos que habitan en la Amazonia boliviana.

Afirmó que a partir del Proceso de Cambio en Bolivia hay una ruptura de mediación cultural de la clase media, de organizaciones no gubernamentales (ONG), de asesores, de técnicos respecto a los pueblos indígenas, ya que éstos piensan por sí mismos y están reconocidos por la Constitución Política del Estado.

La autoridad gubernamental, quien se reunió con los integrantes del denominado Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, dijo que éstos admitieron que no representan a ningún organismo internacional formal, por lo que carecen de toda potestad vinculante y coercitiva.

Sostuvo que esa representación entendió los avances que se registraron en el país en materia de los pueblos indígenas y confirmó que “son voluntarios ambientalistas de buena fe”.

Explicó que no dependen de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, por lo que hubo una mala interpretación en algunos medios de comunicación cuando lo presentaron como un organismo con facultades para juzgar a los Estados. 

“Porque no es ningún organismo oficial, ellos lo han reconocido, no emergen de ninguna instancia oficial a nivel de los Estados, de la región o comunidad internacional; ellos han reconocido que provienen de ONG y que se han autoorganizado para emitir criterios morales referidos a la naturaleza”, explicó Romero.