El anuncio del Gobierno de Luis Arce sobre el incremento salarial dispuesto en muy mal momento para una economía raquítica y cuando los bolivianos están angustiados por la incertidumbre del porvenir, hizo que pasara a segundo plano el exabrupto lanzado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi. Su desafortunada intervención se tradujo en la advertencia temeraria de ejecutar una “toma física” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALD) si los parlamentarios no proceden, en plazo perentorio, a la aprobación de una norma relacionada con la jubilación.

Ignorando probablemente el significado de sus palabras, -habló de una “advertencia sana-”, el impresentable Huarachi dijo que los trabajadores se movilizarán a escala nacional contra el principal poder del Estado “hasta que se apruebe” un proyecto de ley. Es el relacionado con el incremento de los límites de la pensión solidaria de vejez y que contiene una disposición para que los asegurados dependientes de 65 años se sometan, a solicitud expresa, a un examen médico para evaluar el estado del trabajador. Diferentes sectores, entre médicos, maestros y jubilados, entre otros, han manifestado su rechazo a la aprobación de dicho proyecto en movilizaciones, paros y otras formas de protesta.

El episodio protagonizado por el principal ejecutivo de la COB tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo y en presencia del propio presidente Arce que, impávido, escuchó la advertencia temeraria lanzada contra la Asamblea Legislativa Plurinacional  por un ‘aliado’ político de poco fiar por su comportamiento errático, puesto en evidencia según la dirección en que los vientos soplan. La impostura y el servilismo de Huarachi ensombrecen la conducción de la otrora respetable e influyente organización máxima de los trabajadores bolivianos. Una COB en crisis, carente de representatividad y que echa de menos los liderazgos genuinos que encarnaban Juan Lechín Oquendo, Simón Reyes, Víctor López, Édgar ‘Huracán’ Ramírez y Óscar Salas, considerados como los ‘históricos’ que emergieron del sector minero y marcaron a fuego el movimiento sindical boliviano.

Es lamentable y preocupante, a la vez, la actitud imperturbable asumida por el jefe de Estado frente a la arremetida virulenta y fuera de lugar del dirigente cobista contra la institucionalidad democrática que representa la Asamblea Legislativa, aún con sus luces y sombras en su funcionamiento. Quien salió al paso de la bravuconada de Huarachi fue el senador Rodrigo Paz Pereira que lo desafió a que, frente a frente, sin la compañía de “matones”, ejecute su advertencia.

La columnista colombiana María Sol Navia Velasco escribió que “la principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros. Bajo diferentes formas, los gobiernos ejercen presión sobre la justicia y el Poder Legislativo, sin que necesariamente sean dictaduras o tiranías”. Navia agrega que “en muchos países esta autonomía (de los poderes públicos) se irrespeta y, más aún, se han ingeniado diferentes estrategias para, desde gobiernos totalitarios o autoritarios, dirigir las decisiones judiciales a su conveniencia. Esto va minando las democracias lentamente hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales”.

El deterioro de la institucionalidad democrática en Bolivia es evidente. Respetarla, fortalecerla y preservarla es un imperativo para evitar un debilitamiento que puede afectar la solidez y la calidad de la democracia.