Como lo advierten exautoridades y analistas políticos, en Bolivia existe virtualmente un Gobierno de jueces oficialistas, que puso límites al Legislativo e intervino el Órgano Electoral para sustentar la débil gestión de Luis Arce y su afán prorroguista.

Una seguidilla de decisiones judiciales demuestran esa situación: durante 2023, varias acciones del Órgano Judicial, por ejemplo, pusieron trabas a las elecciones judiciales, que precisamente era el deseo del oficialismo. También dejaron sin efecto la posibilidad de que el Legislativo realice interpelaciones de autoridades gubernamentales.

A finales de diciembre pasado, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fueron más allá y decidieron la autoprórroga de todos los altos magistrados. Luego, el TCP exigió que el Legislativo acate esa decisión.

Finalmente, el martes 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto las elecciones judiciales y ordenó al Legislativo realizar un nuevo proceso de preselección de candidatos, después de dar curso a una acción popular solicitada por una exdiputada del MAS y una vocal que candidateó a diputada por el partido azul en los comicios de 2020.

Dos días después, el jueves 2, en medio de una pugna interna en el MAS, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de una medida cautelar, que supervise el congreso arcista en El Alto, una medida que el órgano electoral había originalmente rechazado.

“A estos señores autoprorrogados y a (Luis) Arce, que es un Gobierno débil, que solo se sostiene con la judeocracia oficialista (…) se les ocurre empezar a sabotear y trancar la elección judicial que los iba a reemplazar, iban a perder sus cargos, y empiezan a trancar con un recurso, con otro, con otro”, dijo el expresidente Jorge Quiroga en enero pasado en una entrevista en Fides.

Ante esa situación, Quiroga vaticinó que es probable que no se realicen las elecciones nacionales en 2025. “Mañana van a decir (…) las primarias están mal hechas y por lo tanto no hay elecciones presidenciales”.

El expresidente sostuvo que, en ocasiones, los gobiernos débiles y sin respaldo de la población recurren a los jueces para su sustento. “(En esos casos), los jueces están al servicio de un presidente, que no tiene la fuerza ni de gestión ni de respaldo popular ni parlamentaria”.

En esa línea, el periodista y analista político Carlos Valverde, en su artículo de opinión “Juristocracia, ¿camino abierto?” publicado el domingo, recuerda que en el gobierno de Evo Morales los jueces y fiscales “obedecían órdenes políticas; ahora han saltado a la siguiente fase: cogobernar con Luis Arce. Es la juristocracia”. En conclusión, dice, “el Poder Judicial reúne a los poderes Legislativo y Electoral en él mismo; esto es, en un solo órgano, acción reñida con el ejercicio de la democracia”.

Considera que ante esta situación “cada uno a su casa, que no hay qué más hacer” pues el “TCP es quien pone límites al Parlamento y consolida el poder del Ejecutivo como contrapeso del Legislativo, en el que el Gobierno tiene minoría. Tal cual, el presidente Luis Arce logró limitar a la Asamblea en sus dos cámaras”.

Valverde asegura que la denominada “juristocracia es una amenaza a la democracia; en un Gobierno de ‘poder popular’ (¿se viene la Asamblea Popular de Torres o Allende?) ni la democracia ni sus principios constituyentes están seguros. ¿Para allá vamos?”.

También esa línea, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió recientemente que el mandato de los altos magistrados del país venció el último día de diciembre de 2023 y, desde enero 2024, todo acto de los autoprorrogados “no puede restar ni dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo”.

“Otro acto nulo que no puede restar ni dirigir las atribuciones del Órgano Legislativo. El mandato de los EX magistrados del TCP y TSJ venció y no es “auto” prorrogable”, se lee en la cuenta X de Rodríguez Veltzé.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el arcismo no tiene mayoría, ambas cámaras están dominadas por la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) y los parlamentarios afines a Evo Morales. Por este hecho en la Cámara de Diputados solo solo hubo seis sesiones en lo que va del año. El jueves 2 de mayo, por ejemplo, no se pudo instalar la sesión para tratar la adhesión de Bolivia al Mercosur, que era un deseo del Gobierno.

Venezuela y Guatemala

Quiroga relató la vigencia de los gobiernos de los jueces en algunos países de la región. Contó que en 2015 en Venezuela Nicolás Maduro era un presidente débil y rechazado por la sociedad. “Antes de que asuma el nuevo Congreso, que tenía mayoría opositora, el Ejecutivo decapitó a todos los jueces cuyos mandatos iban a expirar en los siguientes meses y por tanto iban a ser reemplazados por el nuevo Congreso dominado por la oposición”, recordó Quiroga.

En Navidad de 2015, antes de que jure el nuevo Congreso en enero, el Ejecutivo reemplazó a todos los jueces con personas afines al régimen, una situación similar a la de Bolivia.

Después, Quiroga relató otro gobierno de los jueces, el de Guatemala. “Estuve allá en la elección del año pasado (2023), donde unos magistrados mafiosos, narcotraficantes, intentaron hasta el último minuto impedir que se posesione el presidente Bernardo Arévalo con recursos contra su partido”, y estuvieron cerca de invalidar el aplastante resultado electoral” mediante innumerables triquiñuelas. La presión nacional e internacional logró que Arévalo fuera posesionado como presidente.