Abril terminó con una noticia que no causó sorpresa: una “sala constitucional” dio curso a una demanda dejando sin efecto la convocatoria a las elecciones judiciales y disponiendo que debe realizarse un nuevo proceso de preselección de candidatas/os. Una vez más se intenta postergar las elecciones que debieron haberse realizado el año pasado. El argumento es válido puesto que se refiere a la defensa del derecho a la participación de mujeres e indígenas bajo los principios de paridad y pluralismo, empero es una máscara retórica. Es una excusa puesto que se trata de una pieza más en la estrategia oficialista dirigida a evitar la realización de las elecciones judiciales y mantener la ilegal —y antiestética— figura de “autoprórroga” de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en los últimos meses, ha asumido posturas que inciden negativamente en el proceso político. Por ejemplo, los argumentos contra la reelección presidencial que, aprovechando una sentencia relativa a la convocatoria a las elecciones judiciales, fueron incluidos para dar pábulo a una supuesta inhabilitación de Evo Morales como candidato. Entremedio, dando curso a un amparo constitucional, suspendió las interpelaciones a los ministros y, en otra ocasión, cuestionó las atribuciones del presidente del Senado para convocar a sesiones. Es decir, el TCP restringe las labores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nada más ni nada menos.

Pero eso no es todo. En los albores de mayo, otra “sala constitucional” decidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe “acompañar” un congreso partidista convocado por organizaciones sindicales que respaldan al presidente Arce, pese a que dicha convocatoria no fue reconocida como válida por el propio TSE. Es decir, se instruye a un órgano del Estado para que actúe en contra de sus propias determinaciones (y en beneficio de los aliados del Presidente).

La judicialización de la política es resultado de la disputa interna en el MAS-IPSP respecto a la candidatura presidencial en 2025. La pugna provocó la fractura de la bancada oficialista y, por ese motivo, Luis Arce carece de mayoría parlamentaria para ejecutar sus planes, entre ellos su postulación a la reelección. Ante ese escenario, el Gobierno despliega su accionar en consonancia con el TCP que, mediante sentencias arbitrarias, se ha convertido en un actor relevante en el proceso político decisional. En el pasado prevalecía la politización de la Justicia mediante la instrumentalización de los fallos judiciales para beneficiar a los gobernantes de turno, un hecho recurrente desde la recuperación de la democracia en 1982. En la actualidad estamos frente a un hecho concomitante —la judicialización de la política— con consecuencias negativas para la democracia. Cuando esto acontece, el proceso decisional ya no depende directamente de los actores políticos sino de las instancias judiciales que establecen acuerdos instrumentales con algunos aliados para conseguir mutuos beneficios. Si eso sucede, la política pierde su capacidad estratégica para delinear el futuro y se convierte en mera astucia táctica de carácter coyuntural. Por esta razón, el proceso político se encuentra sometido a una creciente incertidumbre y corre el riesgo de encaminarse a una crisis de gobernabilidad. Más grave inclusive, puesto que la judicialización de la política está socavando la arquitectura político/institucional del Estado plurinacional. Hay tiempo para detener esta erosión, pero no sabemos si existe capacidad, lucidez e interés en los actores estratégicos de la política.