El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) avalar el congreso del ala arcista del MAS, que comenzó el pasado viernes en El Alto. Exigió al TSE enviar veedores a ese congreso, en un franco intento de validar este evento. Inicialmente, el TSE había rechazado en dos ocasiones esa veeduría, pero este fallo del TDJ lo obliga a revertir su decisión.

Este congreso del MAS-IPSP tiene como objetivos renovar su directiva y proyectar candidatos con miras a las elecciones de 2025. De esta manera, el ala arcista pretende poner fin a la era del expresidente Evo Morales como dirigente del partido.

El mencionado fallo judicial fue firmado por Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera, quien, en su larga trayectoria, ha asesorado a destacadas figuras del MAS. Recientemente se inscribió como postulante al Tribunal Constitucional y fue habilitado como candidato gracias a su cercanía con el Poder Ejecutivo, según denuncias de activistas.

Campero responsabilizó al TSE por la decisión que él asumió. Dijo que el “error” que cometió el TSE fue no cumplir una resolución de Amparo, donde se ordenaba respetar el artículo 13 del estatuto del MAS-IPSP, que establece que la dirección nacional del partido es la instancia que debe convocar a su congreso, previo consenso con organizaciones sociales. Campero incluso recomendó a los vocales electorales que “se pronuncien seriamente” para evitar que “sus errores” los tenga que resolver otro poder del Estado.

Aquí se presenta un dilema: ¿Qué ala del MAS ejerce la dirección nacional del partido? Aparentemente, para Campero, no es el ala evista, ya que le resta validez a las cartas en papel membretado que Evo Morales enviara a organizaciones sociales el año pasado.

Los mismos vocales del TSE reconocen que esta orden judicial constituye “una vulneración flagrante de la independencia de los poderes del Estado”. La sala plena del TSE aceptó la orden, pero aclaró que era “provisional”, mientras solicitan una medida cautelar al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Diversos líderes de opinión calificaron esta decisión judicial como un golpe a la institucionalidad del país. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que este fallo en contra del TSE representa una “cínica parcialidad con el Gobierno”.

No cabe dudas de que la falta de independencia entre poderes del Estado se viene acentuando desde que el MAS asumió el poder hace casi dos décadas. Si antes esta situación fue aprovechada por este partido para promover sus propios intereses en detrimento de la oposición, ahora que el MAS se encuentra dividido, esta inequidad la tiene que sufrir la facción evista.

Sin embargo, las vulneraciones a la institucionalidad democrática afectan a toda la sociedad boliviana, no solo a las facciones de un partido. La falta de controles y contrapesos entre los poderes facilita la corrupción, ya que no hay una supervisión efectiva para evitar el abuso del poder y la malversación de fondos públicos.

Instituciones dirigidas por personas que tienen conflictos de intereses no son confiables. Las últimas decisiones de Campero no hacen otra cosa que sembrar aún más desconfianza. La propia condición de validez provisional de este congreso del ala arcista es el corolario de una serie de vicios procesales y de dudosas interpretaciones de la normativa vigente.

Estamos ante un deterioro en la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas y garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, lo que requiere acciones correctivas para fortalecer la institucionalidad y restaurar la confianza en las instituciones del Estado.