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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: sábado 04 de mayo de 2024
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Una acción popular dejó en foja cero todo el trabajo desarrollado para las elecciones de magistrados al Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
“Se exige al Tribunal
Constitucional Plurinacional y a todos los órganos del poder público
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el respeto a la independencia de poderes,
previsto en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para
garantizar la democracia en nuestro país”, refiere parte del pronunciamiento
emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales
departamentales a la conclusión de una reunión en la ciudad de Trinidad, Beni.
Advirtieron de que la
“demora en el proceso de preselección de candidatas y candidatos a las
magistraturas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
en los plazos establecidos por la Ley 1549 representa un riesgo para la
democracia y la seguridad jurídica del país, que afecte la elección y posesión
de las autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización
de procesos electorales que se avecinan”.
Por ello exhortaron a las
“autoridades competentes a buscar la resolución pronta de todos aquellos casos
sujetos a su conocimiento, para dar continuidad a este ejercicio democrático de
elección de las autoridades judiciales, así como a la Asamblea Legislativa
Plurinacional, para lograr consensos que garanticen transparencia e idoneidad
en la preselección de candidatos, en el plazo establecido por dicha ley”.
El 30 de abril, la Sala
Constitucional Primera del departamento de Pando anuló el proceso de
preselección de los candidatos hacia las elecciones judiciales y ordenó emitir
una nueva convocatoria al dar curso a una acción popular.
Según los vocales Jorge
Luis Sotelo Beltrán y Celsa Salazar Rodas, la Ley 1549 Transitoria para las
Elecciones Judiciales 2024, impugnada por la abogada Yeny Dury Bautista con una
acción popular, vulnera “el derecho a la igualdad tanto de mujeres como de los
pueblos indígenas originarios del departamento de Pando”.
Ante esa valoración
dispuso que se deba proceder a realizar “un nuevo proceso de preselección de
candidatos de elecciones judiciales, basado en la realidad de este departamento
de Pando, dictándose las medidas afirmativas adecuadas y flexibles para los habitantes
del departamento de Pando, como las mujeres de este departamento”.
El proceso de
preselección de los candidatos judiciales estaba en su última fase de exámenes
orales. Fue paralizado desde el 16 de abril como efecto de una acción popular.



