El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.

Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.

La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.

Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.

El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.

Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).

En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.

No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.

Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.

En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis. 

“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño. 

Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.

Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.

El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.

«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.

Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.

También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.

El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.

Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).

“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.

Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.

Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.

“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.

En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.

Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.

Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».

“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.

De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.

En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.

Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.

La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.