“Todavía el Ministerio Público sostiene que debía haberse detenido preventivamente al señor Leyes. Sin embargo, estando vigente una decisión jurisdiccional es la que se ha respetado y se ha mantenido vigente”, informó a los periodistas.
El 21 de abril un juez determinó que Leyes cumpla detención domiciliaria, arraigo, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y mantener contacto con funcionarios municipales, para evitar que obstaculice la investigación en libertad.

Resolución judicial
Según Gutiérrez, la resolución judicial de rechazo es producto de que el Ministerio Público demostró que la defensa de la autoridad edilicia procesada no presentó pruebas idóneas, “en el marco de la aplicación normativa jurisprudencial”, de que estén dadas las condiciones para revocar las determinaciones legales fijadas contra el sindicado.
“Era puro argumento (…), hubo una deficiencia probatoria insustituible por parte de la defensa, además de que los argumentos no han sido suficientes para desvirtuar una decisión jurisdiccional basada en calidad de cosa juzgada”, sostuvo.
Por su parte, el abogado defensor del burgomaestre, Alberto Trigo, expresó su desacuerdo con esa resolución judicial y anunció que la siguiente semana planteará una Acción de Libertad o un Amparo Constitucional, para conseguir el levantamiento de las medidas sustitutivas impuestas a su cliente.
“Nosotros vamos a ver de accionar las medidas constitucionales que la Ley nos permite”, manifestó.
El caso ‘Mochilas I’ comenzó a ser investigado el 3 de abril, cuando la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental ‘26 de Febrero’, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.