En un contexto económico preocupante, el reciente anuncio del gobierno de incrementar el salario mínimo nacional en casi un 6% y el haber básico en un 3%, ha generado opiniones divididas y suscitado preocupación en varios sectores de la población. Mientras algunos celebran esta medida como un avance para los trabajadores, otros, entre los cuales me incluyo, consideramos que es imprudente porque la determinación podría acarrear graves repercusiones a largo plazo para nuestra economía.
Indudablemente, el gobierno nacional ha llevado a cabo uno de los mayores actos colectivos y prebendales de su gestión al ratificar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana para un aumento del salario mínimo del 5,85% por encima de la "inflación oficial" declarada por el gobierno, que se sitúa en un 2,12%. Por supuesto, este anuncio fue recibido con alegría por parte de los trabajadores asalariados de nuestro país, que representan el privilegiado pero reducido grupo de individuos empleados por el sector público y el empresariado formal, que apenas abarca al 12% de la fuerza laboral. ¿Puede alguien más unirse a la celebración de este acontecimiento?
Quienes celebraron la decisión de aumentar el salario mínimo deben tener en cuenta que este beneficio alcanza solo a una minoría de trabajadores asalariados, dejando desatendida a la amplia mayoría de la población boliviana que lucha día a día por su subsistencia en la economía informal. Más del 88% de los trabajadores del país se encuentran fuera de este grupo privilegiado que recibirá el aumento salarial, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la distribución de los beneficios económicos.
Esta realidad afecta a la mayoría de la población boliviana, compuesta por trabajadores informales que enfrentan una batalla constante por su supervivencia. Ya sea como emprendedores o cuentapropistas, muchos dependen de sus ingresos diarios, obtenidos tras arduas jornadas que comienzan antes del amanecer, sacrificando tiempo y esfuerzo para sostener a sus familias. Este sector, junto con aquellos dedicados al comercio o al transporte, representa la mayor parte de la fuerza laboral del país, quedando excluidos del aumento salarial.
Además, este aumento salarial es totalmente inadecuado e imprudente dado el contexto económico actual. Con un déficit fiscal que supera el 10% del PIB, una balanza comercial negativa, y una disminución de las reservas internacionales, el país enfrenta una situación económica delicada. Financiar el incremento salarial mediante mayor endeudamiento solo agrava la situación, comprometiendo recursos futuros y aumentando el riesgo de una crisis financiera.
Es evidente que el Presidente Arce actúa de manera irresponsable al ofrecer un "chupete" al niño mientras el techo se le cae en la cabeza. En lugar de abordar los desafíos económicos estructurales del país, se opta por medidas para salvar su maltrecha popularidad, que no solo son insostenibles a largo plazo, sino que también ponen en peligro el bienestar económico de todos los bolivianos.
Este incremento impacta de manera significativa en la economía nacional tanto a corto, mediano como largo plazo. A pesar de los intentos del gobierno por presentarlo como un beneficio, es evidente que generará mayores problemas en una economía ya deteriorada. Con indicadores preocupantes como un alto déficit fiscal, balanza comercial negativa y reducción de ingresos fiscales, el país enfrenta una crisis económica evidente. El aumento salarial solo incrementará el gasto público y el déficit fiscal, sin abordar las raíces del problema.
Por otro lado, cuando los costos laborales aumentan sin un incremento correspondiente en la productividad, las empresas pueden enfrentar dificultades financieras y verse obligadas a reducir su fuerza laboral. Este ciclo de desempleo creciente afectaría negativamente el poder adquisitivo y el crecimiento económico a largo plazo, creando un círculo vicioso difícil de romper.
Si bien algunos trabajadores informales podrían eventualmente beneficiarse de salarios más altos en el sector formal, si es que encuentran un espacio laboral; otros podrían enfrentar dificultades para encontrar empleo o verse obligados a aceptar condiciones laborales menos favorables debido a la reducción de la demanda laboral y el aumento de la competencia en el mercado de trabajo.
Incluso para los trabajadores que eventualmente verán incrementado su salario, el aumento salarial puede ser un arma de doble filo. Si las empresas no pueden absorber los costos adicionales de manera sostenible, podrían optar por reducir su fuerza laboral o recortar otros beneficios para compensar el aumento de los costos laborales. Esto podría resultar en una disminución del empleo y un deterioro de las condiciones laborales para los trabajadores en general.
En resumen, el aumento salarial dispuesto por el gobierno representa un riesgo significativo para la economía y la sociedad boliviana en su conjunto. Si bien puede parecer una medida popular en el corto plazo, sus efectos adversos en el mediano y largo plazo podrían ser devastadores para la estabilidad económica y el bienestar de todos los bolivianos. Es crucial que el gobierno reconsidere cuidadosamente estos riesgos y adopte medidas económicas responsables y sostenibles que aborden los desafíos estructurales del país sin comprometer su futuro.
28 de abril de 2024
