Bolivia enfrentó 103 conflictos en el primer trimestre; destacan los bloqueos por los comicios judiciales y la autoprórroga

La Defensoría del Pueblo presentó el viernes el resumen ejecutivo del primer Informe de Conflictividad en Bolivia que da cuenta que durante el primer trimestre del año se registraron 103 conflictos, de los cuales destacan las protestas por los comicios judiciales y la autoprórroga de los magistrados.

Cinco departamentos concentran el mayor porcentaje de conflictos que registró el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT).

De los 103 casos, en La Paz se sumaron 18 registros de conflictividad, mientras que en Santa Cruz 17. Por su lado, Potosí y Beni suman 16 y Cochabamba 15.

Del total de registros, 75 corresponden a conflictos sociales como tal; 27 alertas tempranas y un acuerdo de conflicto, reseña el informe defensorial.

La principal demanda de los actores movilizados está vinculada con el campo laboral por la falta de pagos de haberes devengados o la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte del gobierno central, departamental o municipal.

Otro dato que llama la atención es que la medida de presión más utilizada para exigir las demandas sectoriales es el bloqueo de caminos: En los tres primeros meses se contaron 34 bloqueos.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en el mes de enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro principal al departamento de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz”, reseña el informe.

Este tipo de protestas han generado perjuicios y millonarias pérdidas en los productores y en los actores del comercio exterior que vieron afectado el traslado de sus productos, denunciaron por su lado las instituciones empresariales.

Derechos humanos

En cuanto a las vulneraciones de los derechos humanos, los agentes defensoriales identificaron 39 sobre el derecho al trabajo y empleo, “lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo”.

“De igual manera, la vulneración del derecho a la educación que es la principal función suprema del Estado, que debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros conforme al cuadro adjunto”, se añade.

Las intervenciones defensoriales con “verificaciones in situ” llegaron a “conflictos estratégicos” por las elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, además de las elecciones primarias.

En estos casos la Defensoría ejecutó “seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos”, reseña el informe.