El 17 de febrero inició el proceso de preselección de los candidatos judiciales y debe concluir el 6 de mayo. Foto: Archivo ABI
Para las 09h00 del lunes, en la ciudad de Cochabamba, fue convocada la audiencia considerada clave para la continuidad o no del proceso hacia las justas judiciales. Se trata de un recurso de acción popular que denuncia vulneración de los derechos de las mujeres indígenas al no estar representadas entre candidatos de Pando.
El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, informó que una vez se resuelva este recurso legal se convocará a sesión para asumir una decisión.
La acción popular fue presentada a mediados de abril en Cobija, Pando, por Yeny Dury Bautista. Luego de admitir la solicitud, el 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.
En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque entre las candidatas de Pando no existen habilitadas candidatas de este sector de la población, como dispone la Ley 1549 de elecciones judiciales, al Tribunal Constitucional.
El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Jauregui, advirtió el jueves que esa acción popular amenaza paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección.
“Es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante, se está alegando que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no se estuviesen cumpliendo”, explicó.
Rejas afirmó que el equipo legal de las comisiones está preparado para esta audiencia y se espera un resultado positivo, a pesar de que hasta el momento en cinco amparos los tribunales concedieron tutela a los accionantes.
De hecho, en esta jornada la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela a la inhabilitada candidata al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano, por lo que la Comisión Mixta de Justicia Plural deberá argumentar su decisión de marginarla del proceso.
En tanto se emita la resolución de la Comisión Mixta de Justicia Plural, continuará la medida cautelar de paralización del proceso de preselección de los candidatos judiciales que se activó el 16 de abril.
No obstante, Rejas advirtió que los amparos y la acción popular también están “vulnerando los derechos constitucionales de los más de 400 postulantes”.
Una vez se conozca la determinación del tribunal el próximo lunes “vamos a reinstalar la sesión de las comisiones”, anunció.
“No quiero adelantarme a nada, decir que todavía estamos en (algo) incierto, estamos a la espera de llevar y subsanar esta interfase de los amparos constitucionales que nos presentaron los postulantes”, insistió.
No obstante, el presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, Froilán Mamani, advirtió que “están atados de manos” porque aún se mantiene la medida cautelar lograda por Medrano y está pendiente la acción popular.
Mientras legisladores que responde a Evo Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana urgieron aprobar el proyecto de ley que presentó el senador del MAS Luis Adolfo Flores, para ajustar los plazos del proceso de preselección y vetar las medidas cautelares que paralicen esta labor.
La iniciativa no logró ingresar a debate en el Senado por la falta de consensos. Al Legislativo le quedan unos 9 de los 80 días que le da la Ley 1549 para completar el proceso de preselección de candidatos y remitir las listas al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Al respecto, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi explicó que el 6 de mayo el Legislativo perderá competencia sobre las elecciones judiciales porque actuaría fuera de la ley 1549 que le concedió un plazo de 80 días.
“La Ley 1549 es taxativa y le da 80 días al Legislativo para la preselección de postulantes, en este plazo tiene competencia y autoridad. Un día después podría perder competencia y sus actuaciones no causarían efecto jurídico.Ése es el gran riesgo que corre este proceso de preselección de candidatos”, alertó.
Desde su criterio, sino se completa esta labor hasta antes del 5 de mayo “sería una preselección fallida”.
