Foto portada: Toma de la APDHB. Erbol

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2023, documentó el «despojo» de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), evento que se registró entre junio y julio de la gestión pasada, lo cual derivó en una serie de enfrentamientos.

«En particular, se tuvo la noticia de la denuncia de despojo de las oficinas de la APDHB, la posterior escalada de enfrentamientos entre personas ciudadanas que aducen representar legítimamente a dicha organización», dice el texto.

El 2 de junio de 2023, de manera sorpresiva, un grupo de personas afines al partido de Gobierno, tomó las instalaciones de la APDHB atribuyendo la presidencia de la institución a Edgar Salazar, también afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Frente a ello, la presidenta de la Asamblea, Amparo Carvajal, inició una vigilia en la calle, con apoyo de otros activistas defensores. La acción duró 51 días, lo cual constituyó un riesgo en la salud y seguridad de estas personas, especialmente de Carvajal, por su avanzada edad.

Es por ello que la CIDH señaló las «denuncias de riesgo para las personas defensoras, especialmente para personas defensoras mayores». También señala que este contexto refleja la tendencia hacia la polarización política en el tejido social boliviano.

Asimismo, en cuanto a la institucionalidad en derechos humanos, indicó que el Estado informó sobre iniciativas para el cumplimiento de recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, que, durante el 2023, incluyeron la sistematización de las recomendaciones y el seguimiento trimestral con las instituciones estatales encargadas del cumplimiento.

Además, recordó que el 5 de julio de 2023, «la Cámara de Senadores ratificó a tres personas en los cargos de delegadas defensoriales adjuntas de la Defensoría del Pueblo, ocho meses después de su designación por parte del Defensor; esto habría tenido impactos en el desarrollo adecuado de las funciones defensoriales».