El proyecto normativo que busca modificar la Ley Integral 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia elimina la premisa de evitar la revictimización de las denunciantes y, según organizaciones de mujeres, pone en duda las declaraciones de éstas.
Las observaciones fueron realizadas por más de 130 redes y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y niñas que el martes realizaron una conferencia organizada por la Coordinadora de la Mujer para rechazar el proyecto de ley presentado por la senadora masista Patricia Arce, al que consideran como un retroceso.
“Lo que busca (este proyecto) es, por un lado, hacer modificaciones que resultan revictimizantes para quienes presentan denuncias porque elimina una disposición concreta para evitar procedimientos, declaraciones e interrogatorios reiteradas. Lo que se está planteando (…) tiene que ver con una fuerte vulnerabilidad y retroceso, se plantea poner en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual”, afirmó el martes la secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.
El proyecto de ley, en su artículo 2, deja fuera el concepto de revictimización y establece que en caso de violencia sexual “la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara Gesell, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que, a la conclusión del acto de declaración, los mencionados peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba”.
Bayá indicó que lo planteado en la modificación es materialmente imposible debido a que no toma en cuenta la falta de cámaras Gesell en el país, así como el reducido número de forenses en el área de psicología del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). De hecho, mencionó que esta institución ya tiene programación de evaluaciones hasta octubre de este año.
El proyecto de ley difiere con la 348, que en su artículo 94, indica: “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias (…) procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización”.
La semana pasada, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), cuestionó la Ley 348, a la que inicialmente la calificó como una norma “anti hombres”.
Si bien reconoció avances, indicó que la ley se volvió una herramienta para la extorsión y destruir familias, por lo que debe ser modificada radicalmente. Otros parlamentarios del MAS se pronunciaron de forma similar y la Defensoría del Pueblo exhortó a los legisladores a priorizar ajustes de fondo a la norma.
Durante esta semana, grupos de personas protestaron en inmediaciones de la Asamblea Legislativa contra la ley, asegurando que divide a las familias y persigue a los hombres denunciados, quienes son aprehendidos de forma inmediata.
Las organizaciones de defensa de los derechos de mujeres afirman que el problema observado no radica en la ley en sí misma, ni que esta sea “anti hombres”, sino en un sistema de justicia en crisis.
“El hecho de que se señale que toda denuncia deriva en la aprehensión, detención, encarcelamiento de los denunciados es totalmente falso, lo que no quiere decir que no haya abusos en el sistema penal o en el sistema de justicia. Estamos en una crisis muy profunda en el sistema de justicia y deberíamos estar hablando de esa reforma, hay un sistema extorsivo en el sistema penal que no tiene que ver solo con los casos de la Ley 348”, añadió Bayá.
En la conferencia de prensa, las organizaciones reconocieron que la ley es perfectible y que tiene aspectos que deben ser mejorados, pero que estos cambios se tienen que realizar sobre la base de una evaluación seria a su implementación y a partir de evidencias.
Yesica Velarde, representante de Ciberwarmis, también participó en la conferencia y destacó que, en más de los 11 años de vigencia de la Ley 348, los casos de violencia denunciados superan los 400 mil, pero de estos el 95% no ha logrado una sentencia.
“La violencia familiar es el delito de mayor frecuencia en el país, por encima de cualquier otro. Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres en relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia y no todas llegan a la justicia”, informó Velarde.
Un estudio sobre la violencia hacia las mujeres, adolescentes, niños y niñas, que fue presentado el mes pasado, reveló un alto nivel de desconfianza en el Sistema Público de Justicia Penal (SPJP), baja respuesta a las denuncias y un alto porcentaje de impunidad.
Según los datos presentados en la conferencia, entre 2018 y 2021, el 58,9% de los casos de violencia hacia la mujer fue rechazado por el sistema, el 30% no obtuvo ningún tipo de respuesta y solo el 2,49% de los casos obtuvo sentencias ejecutoriadas. (Brújula Digital)