Cuestionando que la corrupción y la improvisación hayan sido la característica principal en el proceso de industrialización del litio en los últimos años, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que las políticas para la explotación de este recurso, son una muestra más de la ineficiencia con que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha administrado el país en 18 años de gobierno.
Desde sus redes sociales, Mesa se refirió a los constantes escándalos de corrupción alrededor de los proyectos de explotación del litio, tanto en el gobierno de Morales como en el de Arce, ambos con serias observaciones por irregularidades y negligencia al momento de la ejecución de obras destinadas a la industrialización de este recurso.
Para el exmandatario, las políticas gubernamentales para la explotación del litio son una muestra más de la falta de seriedad y la improvisación con que el MAS ha encarado proyectos importantes para los intereses del Estado boliviano.
“Los planes de explotación del litio se han convertido en otra muestra de la ineptitud e irresponsabilidad con que el Movimiento al Socialismo ha manejado la economía y la riqueza del país”, expresó Mesa, a través de su cuenta en la red social X.
Asimismo, sostuvo que la “ineficiencia, improvisación y corrupción” han sido las características principales y recurrentes en las gestiones del masismo para la explotación del litio, a esto se suman todas las denuncias del último tiempo en las que se hace referencia a negociados y falta de transparencia en contratos y acuerdos en este tema.
“En 18 años de gestión masista solo vimos ineficiencia, improvisación y corrupción con el litio, y ahora se suman contratos ocultos, plantas que no funcionan y acuerdos sospechosos”, sostuvo.
Por lo expuesto, Mesa afirmó que el país no puede seguir admitiendo este “espectáculo” ni seguir viendo cómo se desperdicia la oportunidad de explotar y comercializar eficientemente un recurso que, por sus características, es altamente demandando por el mundo.
Los cuestionamientos de la exautoridad se dan después de que, la semana pasada, la presidenta ejecutiva de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, presentara una denuncia penal ante la Fiscalía, por daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos en la construcción y mantenimiento de piscinas evaporíticas ubicadas en el Salar de Uyuni, apuntando por estos delitos a 11 exfuncionarios públicos.
Los tipos penales por los que se presentó la denuncia tienen que ver con incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos, durante el período 2013-2017, gestión del expresidente Evo Morales.
En conferencia de prensa, Calderón detalló que, de 160 piscinas construidas en instalaciones de la planta referida, sólo se recuperaron cinco, en el resto se encontraron daños como el colocado de membranas no acordes a los requerimientos del contrato, mala soldadura de las mismas y falta de previsiones para evitar su deterioro.
Asimismo, desde la Procuraduría General del Estado, se informó que el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión y que al menos tres personas fueron aprehendidas, por el caso de presunta negligencia y corrupción en la construcción de piscinas de evaporación en la planta de carbonato de litio.
El procurador César Siles, explicó que en el caso se investiga la firma de los contratos sin haberse considerado que el proyecto estaba incorrectamente formulado, además de la construcción de las piscinas en cuestión.
Esta semana, adelantando que en el país no existirá un verdadero proceso de industrialización del litio hasta que culmine la actual gestión de Gobierno, la diputada Lissa Claros, observó que las investigaciones por corrupción en YLB, están direccionadas solo para investigar irregularidades en la gestión de Evo Morales, cuando lo que se requiere son pericias integrales.
La asambleísta de oposición, además, calificó estas acciones como una distracción para ocultar una deficiente gestión en lo referido a la explotación de este recurso en los últimos años.
“Nosotros hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que se haga una investigación integral a las gestiones de Morales y del actual Presidente”, sostuvo Claros, lamentando que se hable de una inversión superior a los 2.000 millones de bolivianos que hasta la fecha no han dado resultados, mientras los encargados del proceso no cuentan con la capacidad para sacar adelante una tarea de estas dimensiones.
Con relación a las recientes acciones judiciales y aprehensiones por este caso, Claros exigió que autoridades de esta gestión sean incluidas para que respondan por sus actos, ya que se habla de hechos de corrupción nunca antes vistos en la historia del país.
Finalizó lamentando que, por lo que se conoce del actual proceso de industrialización del litio, promocionado ampliamente por el Gobierno del MAS, todas las gestiones realizadas hasta la fecha solo sirvieron como pretexto para desviar recursos.
El pasado miércoles 24 de abril, se conoció sobre el deceso del exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro Bravo, quien figuraba como uno de los involucrados en la construcción irregular de las piscinas de evaporación en la planta piloto de litio del Salar de Uyuni.
Montenegro, dejó una carta póstuma en la que afirma que ser “inocente” de los cargos por los que se le acusa, apuntando al Gobierno por supuestamente tratar de “ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de Extracción Directa del Litio”.