Del total, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan 18 y 17 hechos de conflictividad, respectivamente, luego le sigue Potosí y Beni con 16, cada uno, mientras que en Cochabamba hubo 15.

De acuerdo con el SIMAT, de los 103 hechos de conflictividad, 75 fueron conflictos sociales, 27 alertas tempranas y 1 acuerdo en conflicto, según una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

"Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en el mes de enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro principal al departamento de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz", indica el informe.

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La principal demanda reflejada en la disconformidad de los actores demandantes se traduce en el campo laboral, por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte del gobierno central, departamental o municipal.

De la totalidad de reportes presentados, se evidencia que la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo como forma determinativa de exigencia de demandas.

Las vulneraciones de los derechos humanos identificados son: 39 al derecho al trabajo y empleo que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

"De igual manera, la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia", añade.