Según el analista constitucional, Luis Alberto Ruíz, el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está destinado ‘a morir’, porque tiene una serie de vicios de nulidad como el incumplimiento de los plazos y los errores en la revisión de los documentos de algunos postulantes que interpusieron recursos constitucionales contra su inhabilitación.

Asimismo, las denuncias sobre la presunta venta de las preguntas para los exámenes orales y los audios que implicaron a legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) por un supuesto favorecimiento a algunos candidatos. Por ello, consideró que los postulantes que continúan en carrera solo ‘están perdiendo su tiempo’, porque el trabajo de preselección será anulado.

“Pero, más allá de que hayan existido estas medidas cautelares que están inmersas en la Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 115, en el 125 de la norma, los plazos siguen corriendo para la asamblea legislativa y siguen corriendo por doble turno, para que se pueda llegar al examen cosa que no se ha llegado, pero luego vienen los informes de comisiones, deben mandarlo al pleno y ¿qué pasa si no están de acuerdo con uno u otro informe?, cuestionó.

Ruiz respaldó su aserto con la posibilidad de que alguno de los postulantes que en la actualidad ejercen funciones en la judicatura, a quienes se denomina como autoprorrogados, esté contemplado en las listas de preseleccionados y no consiga los dos tercios necesarios en la sesión correspondiente, el rechazo significaría la devolución del informe a la comisión en cuestión.

“Qué sería lo más sensato? Que la Asamblea Legislativa reconozca que no dan los plazos, no podemos continuar con esto porque ya está profundamente dañado el proceso (…) que desde la formulación de la ley ha sido mal concebido; entonces, ha habido una mala evaluación de los candidatos y es eso lo que los candidatos están reclamando en amparos constitucionales y, peor aún, a través de una acción popular que va a ir al fondo medular de la preselección”, añadió.

Foto: captura pantalla

El analista reiteró que las comisiones mixtas no respetaron el debido proceso contemplado en la Ley 1549 e instó a los 405 candidatos que aún continúan en carrera y a otros que fueron inhabilitados a pronunciarse al respecto, porque se vulneró el principio de la igualdad desde el inicio del proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial.

“Esto se va a terminar anulando, pero más allá de que se termine anulando, qué es lo que debería ocurrir en adelante, transparentar el proceso de preselección, esto de las preguntas, que si se filtraron o se vendieron, ¿por qué no hacer un banco de 500 preguntas, mil preguntas, absolutamente abierto, entregar a los candidatos y candidatas por lo menos tres días antes y que respondan 20 de ellas de forma pública”, aseveró.

Asimismo, recordó que la transformación de la justicia es una de las demandas más recurrentes de la población, para que los procesos sean transparentes con operadores de justicia honestos. “Pero lo que nos muestra esta preselección es que es peor que los que están y queremos que se vayan, (…) si la asamblea legislativa realmente quiere elecciones anula hoy mismo esta ley (1549) y saca otra nueva y lo hacen exprés”, certificó.