En esta jornada se reunirán los miembros de las dos comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, para determinar si inician con los exámenes orales a los 405 candidatos a las elecciones judiciales, porque La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz no trató este lunes el amparo constitucional interpuesto por la postulante inhabilitada al Consejo de la Magistratura (CM), Margarita Medrano y la suspendió hasta el viernes 26 de abril.

Sin embargo, la abogada que fue inhabilitada como candidata a esa instancia del Órgano Judicial, aseguró que las acciones que determinen las comisiones serán ilegales debido a la determinación judicial que ordena la suspensión de la preselección desde el 16 de abril, medida cautelar que necesariamente debe ser resuelta para retomar el proceso.

Medrano sostuvo que el amparo constitucional presentado tiene el objetivo de hacer respetar sus derechos que fueron vulnerados por los miembros de la comisión mixta a quienes acusa de discriminación en su contra; además, denunció que fue objeto de amenazas que pretenden acallarla y amedrentarla para que desista del recurso.

“Ya están lanzando amenazas, han amenazado de manera pública ante los medios de comunicación de abrir procesos penales a los vocales que están a cargo de la resolución de mi amparo constitucional indicando que ellos están incumpliendo deberes; pero, veremos cuál es la realidad de las cosas, quien incumple deberes y ha pronunciado una resolución contraria a la norma son ellos y el día de hoy pretenden acallarme ya no de una forma legal”, refirió. La jurista señaló que, además, los asambleístas la discriminan y menosprecian su capacidad como abogada al afirmar que busca ingresar a la preselección mediante un amparo constitucional y sin tener las condiciones profesionales ni cumplir con los requisitos para optar por un cargo al CM; sin embargo, dijo, cualquier persona aún si conocimiento de las leyes puede ver que quienes incumplen la norma son los miembros de la comisión.

“Un senador dijo que estoy tratando de ingresar por la ventana, como han perdido toda la capacidad de la verdad, en este caso ya están haciendo ofensas de carácter personal, porque si bien para ellos como comisión les parece indeseable que uno quiera luchar por sus derechos constitucionales, de ninguna manera eso significa que yo tenga alguna preferencia política. Ellos hablan de política, yo hablo de derechos”, enfatizó.

Asimismo, recordó que si las comisiones mixtas determinan continuar con el trabajo de preselección no solamente pondrán en riesgo la legalidad del proceso, sino serán pasibles a sanciones legales que dicta la norma cuando los funcionarios incumplen resoluciones jurisdiccionales como en este caso que se determinó la paralización de la etapa de la evaluación oral.

“Como funcionario público existe responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal; cada uno es responsable de sus actos que en este caso quieren realizar, porque el desobedecer una orden por autoridad competente nos demuestra la soberbia que existe por parte de los senadores y diputados, porque deberían demostrar que son los primeros en cumplir la ley, pero son los primeros en incumplir la Ley 1549”, destacó.