Para el viernes 26 de abril, fue suspendida la audiencia que debía resolver este lunes el amparo presentado por Margarita Medrano en contra de su inhabilitación como candidata judicial. Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, que seleccionan a los candidatos, se reunirán este martes para tomar una decisión.

La audiencia fue aplazada porque no fueron notificados los más de 400 aspirantes del proceso de preselección. La decisión, a su vez, mantiene la medida cautelar que paraliza el cronograma de evaluación.

A las 11h00 de este lunes debía instalar la audiencia en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pero empezó pasadas las 12h00 para poco después ser diferida.

Medrano denunció la vulneración de sus derechos porque, en su opinión, fue inhabilitada de forma irregular en su carrera al Consejo de la Magistratura.

Con la admisión, la Sala Constitucional ordenó como medida cautelar paralizar el cronograma de evaluación de méritos y examen de los postulantes, por lo que las comisiones suspendieron las pruebas orales a los candidatos que debía realizarse entre el 15 y el 21 de abril.

En la audiencia, el equipo legal de las comisiones mixtas objetó la competencia de los vocales de la sala constitucional. Argumentaron que, cuando se denuncia una presunta vulneración a los derechos humanos corresponde presentar un recurso constitucional contra resoluciones del Órgano Legislativo y no un amparo constitucional.

“Así lo dice en el artículo 139 del Código Procesal Constitucional, una sentencia constitucional de 2012 y el auto constitucional 151/2013. Estos tres instrumentos jurídicos son de obligatorio cumplimiento y de efecto vinculante. Les hemos dicho a los vocales de esta Sala Tercera Constitucional que no pueden conocer la acción de amparo, porque es competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional”, justificó el asesor legal del Senado, Israel Quino.

No obstante, la sala constitucional no dio a lugar la objeción e instaló la audiencia; sin embargo, apenas iniciada se observó la no notificación a terceros interesados, en este caso los 405 postulantes al proceso de preselección para la conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ante esa situación se optó por aplazar la audiencia hasta el próximo viernes, generando el malestar de los representantes legales de las comisiones y del presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas.

El legislador consideró “aberrante” que se pretenda convocar “a los 400 postulantes para que ellos estén presentes en la audiencia, cuando realmente es una persona la perjudicada y no los 400”.

“Lamentamos la actuación de este señor que haya paralizado el proceso dándole tutela a la postulante de Santa Cruz, por lo que realmente está pisoteando el derecho de postulantes que son más de 400 al Órgano Judicial”, cuestionó.

El vocal de la Sala Constitucional Tercera, David Valda, enfatizó que en tanto no se resuelva el amparo se mantiene la medida cautelar de suspensión del proceso de preselección.

Ante este nuevo escenario, las comisiones mixtas se reunirán este martes por la tarde para asumir una postura en común, pues la anterior semana habían acordado retomar la labor de preselección este martes, con las pruebas orales a los aspirantes.

“Se va a poner a consideración de los miembros de las comisiones este alcance, estas decisiones jurisdiccionales, y la decisión va a ser política, es decir, los dos tercios de ambas comisiones definirán la continuidad, sea por la apertura de sobres y el inicio de toma de exámenes orales, esto en el marco del principio de independencia y separación de poderes”, anticipó Quino.

Pero también, dijo, podrían optar por dejar para el final una decisión sobre los postulantes que están activando estos amparos, para eventualmente tomarles sus exámenes.

Una tercera alternativa es perfilar una reforma de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales para ampliar de entre 7 y 10 días todo el proceso de preselección, anticipó en declaraciones a radio Panamericana.

También se considerará iniciar procesos penales contra los jueces que acepten los amparos y extralimiten sus decisiones afectando todo el proceso de preselección.

Hasta el momento, las comisiones fueron notificados por la presentación de cinco amparos.