El presidente de la Comisión de Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas, negó este lunes que en el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales de haya vulnerado los derechos de algunos de ellos.

“La transparencia de la revisión de documentos ha sido transparente, no ha habido ninguna vulneración (de derechos) a ningún postulante”, remarcó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rejas se refirió a la tutela que concedió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano; es postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

Postulantes

Esa sala constitucional dictó una medida cautelar sobre la preselección y frenó su avance.

La audiencia para resolver ese caso fue programada para este lunes en Santa Cruz y Rejas acudió en compañía de sus colegas Leonardo Ayala y José Carlos García, de Creemos, además del asesor jurídico de la Cámara de Senadores, Israel Quino.

En criterio de Rejas, existe una “mano negra” que busca “boicotear” el proceso de preselección y dijo que se trata de “operadores que no quieren dejar la mamadera en el Órgano Judicial”, aunque no precisó los nombres.

Reivindicó la “independencia de poderes” y sostuvo que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural “no van a parar” en su trabajo.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana, arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, dijo.

Aparte de ese amparo, existen otros cinco notificados a las comisiones, pero “ninguno de esos paraliza el proceso, solo las resoluciones que las comisiones hemos emitido”, aclaró.

Preselección

La fase de exámenes de los 405 postulantes que llegaron a esa instancia debió realizarse desde el martes de la anterior semana, pero esa medida cautelar frenó la actividad.

La batería de preguntas que deberán responder los postulantes a los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), al Supremo de Justicia (TSJ), al Agroambiental y al Consejo de la Magistratura fue elaborada por las facultades de Derecho de las universidades, colegios de abogados y otras instituciones.

Remitida a las comisiones, la batería está en custodia a una Notaría de Fe Pública; determinó guardarlas en una oficina del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, bajo precinto.

Desde el jueves, surgieron denuncias por la supuesta ‘filtración’ de las preguntas del TCP y del TSJ; pero Rejas y otros miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia las desmintieron.