En las horas precedentes han surgido denuncias que dan cuenta sobre una supuesta filtración de las preguntas para el examen de los postulantes de las elecciones judiciales.

Los textos de las supuestas preguntas circulan en las redes sociales y supuestamente son las pruebas para los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso está a cargo de la Comisión Mixta de Constitución, que ha paralizado su trabajo tras la activación de recursos constitucionales.

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El diputado Juan José Jauregui, que es parte de esa repartición legislativa, dijo en un contacto con la red UNITEL que no tiene certeza de que las publicaciones en redes sociales coincidan con los documentos entregados por las instituciones encargadas de elaborar las preguntas: el colegio de abogados, la Escuela de Jueces y las universidades privadas y públicas.

Explicó que los sobres con esos documentos están bajo custodia y hasta ahora no han podido tener acceso a su contenido.

Sin embargo, deslizó una posible vulneración de la cadena de custodia fuera de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Nosotros podemos garantizar la custodia de las preguntas desde el momento en el cual hemos recibido las preguntas, pero las preguntas han sido solicitadas a distintas entidades”, afirmó el legislador en un contacto con este medio.

Puso como ejemplo el trabajo que se realizó en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

“Todo este tránsito desde el docente que realizó las preguntas, hasta el decano, y de él al rector y luego al CEUB no hay, pues, una cadena de custodia de la preguntas”, señaló.

Insistió en que él no tuvo “acceso a ninguno de los sobres porque todos están cerrados, están en una caja y un ambiente cerrado”.

Jauregui anunció que el MAS se reunirá en las próximas horas para evaluar las denuncias.

“Vamos a solicitar las correspondientes investigaciones, realmente sería grave que de las denuncias hubiese una similitud de preguntas con las que tenemos en los sobres”, dijo.

Este medio también intentó comunicarse con la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC), pero no se concretó el contacto.

Denuncias

Féliz Oros, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, consideró que las denuncias van más allá e involucran a los legisladores. En ese marco, consideró que el proceso debe ser fiscalizado con rigurosidad.