Al menos seis de los postulantes a las Elecciones Judiciales de 2024 se vieron envueltos en casos muy mediáticos en los que se les acusó de liberar o favorecer a asesinos, feminicidas, violadores y personas vinculadas al narcotráfico. Uno de ellos, además, fue denunciado por realizar campaña a favor del presidente Luis Arce.

En 2022, Bolivia vio uno de los mayores escándalos judiciales, luego de que se descubriera que varios jueces beneficiaban y liberaban con documentos fraguados a criminales sentenciados. Entre los acusados estaba el juez Primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru Flores, actual postulante al Consejo de la Magistratura.

Aunque fue aprehendido en dos oportunidades, por liberar a un feminicida y a un asesino vinculado al narcotráfico, en ninguna de las ocasiones llegó a la cárcel ni fue alejado de su cargo, por lo que quedó en libertad de postular.

La data elaborada por Visión 360 identificó que como su caso, hay al menos seis que ocurrieron desde  2001. Uno de los observados es Israel Campero Méndez. El postulante fue impugnado por la activista María Galindo  por beneficiar con la detención domiciliaria a William Kushner, sentenciado a 30 años por feminicidio.

Además está el caso de José Carvalho Ojopi, que ahora postula al Tribunal Supremo de Justicia. Se lo acusó de parcializarse con personas vinculadas al narcotráfico. En su caso, en 2018, se presentó a la selección para Fiscal General del Estado, proceso del que fue excluido por ser militante del MAS.

Además se identificó al postulante Jorge  Quino Espejo que en 2020, en medio del escándalo, renunció de forma irrevocable a su cargo como representante distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz.

2024: Caso Kushner

La activista María Galindo impugnó al vocal Israel Campero, quien postula al Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo denunció por otorgar detención domiciliaria, en 2020, a William Kushner en su proceso por  feminicidio.

“Acá están las pruebas fehacientes de las actividades inconstitucionales de Israel Campero. Llevo más de 40 minutos esperando, la Policía me humilla y no me deja entrar”, relató en un video en vivo que grabó ese día mientras intentaba hacer la impugnación.

2023:  “Caso metanfetaminas”

El Consejo de la Magistratura emitió un informe por el caso “metanfetaminas” contra la ex vocal Arminda Méndez y la juez Carla Lorena Áñez, quien ahora es postulante a las elecciones judiciales.

Según el documento,  ambas autoridades dejaron en libertad a los principales acusados de traficar desde Asia a Bolivia más de 60 mil pastillas de metanfetaminas. El informe, hecho público por DTV, establece que ambas autoridades cometieron irregularidades.

2022: Escándalo por liberar  asesinos y  feminicidas

El juez primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru, fue aprehendido en dos ocasiones. La primera fue por el presunto favorecimiento a un feminicida, a quien le dio la libertad con documentación fraguada, en 2021.

La segunda, acusado de otorgar la libertad a un sentenciado a 30 años de cárcel por asesinato. El fiscal Edwin Blanco le concedió la acción de libertad y su proceso quedó en nada.  No fue suspendido de sus labores.

2022: Un violador liberado y la detención del juez

El juez Manuel Bautista Espinoza fue detenido, acusado de cometer los delitos de prevaricato, porque en 2019 ordenó la detención domiciliaria de Abram Peters Dick, sentenciado por la violación agravada de decenas de mujeres.

La autoridad otorgó el beneficio con el argumento de que el reo era drogadicto, cuando este cumplía una condena de 25 años.
En 2023 fue juez  en el caso “narcovuelo”,  en el que fue acusado de favorecimiento.

2019: Devolución de bienes incautados al narcotráfico

José Pedro Carvalho Ojopi, exjuez de Instrucción en lo Penal de la capital del Beni, fue detenido preventivamente en la cárcel de Mocoví, por la supuesta comisión del delito de prevaricato.

Carvalho fue acusado de haber entregado un inmueble que había sido incautado por Dircabi en una investigación  por narcotráfico. Se presentó a la elección a Fiscal General del Estado, pero no fue inhabilitado por ser militante del ASIP y del MSM. 

2018: El caso del “narco”  Carmelo Orellana

El 28 de abril, Carmelo Orellana Ruíz fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar y enterrar en una estancia ganadera de San Borja (Beni) a su trabajador. Sin embargo, no cumplió ni un día de esta condena porque su defensa apeló y el recurso no fue atendido por la Sala Penal de Trinidad.

La postulante Norka Díaz fue la juez  del caso, pero cabe aclarar que no fue quien  liberó a Orellana, quien en 2021 fue capturado en Perú.

2001: Presunto favorecimiento a los balaceros de Santa Rosa

El gobierno de Jorge Quiroga pidió al Consejo de la Judicatura investigar la actuación del entonces juez de Reyes, Roberto  Rejas Rivera, por disponer la libertad provisional de tres cómplices de la balacera del 20 de septiembre de 2001 en la población de Santa  Rosa, Beni, entre familias afines al MNR y al MIR.

El entonces ministro de Justicia, Mario Serrate, solicitó una evaluación de los actos procedimentales, pues, en su criterio, no procedía la libertad.