La abogada Kathia Saucedo, miembro del grupo Juristas Independientes, afirma que el proceso de preselección de candidatos a la magistratura aún no ha fracasado; sin embargo, observa las “ventajas” que tienen algunos postulantes, quienes aún ejercen cargos públicos; afirma que es evidente la pugna política interna y que por ello hubo prórroga, autoprórroga, la paralización del país y hasta amenazas, aunque el trasfondo de todo es la habilitación al expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025.  ¿Cuál es su lectura en relación a que más del 80% de los postulantes son o fueron funcionarios públicos?

Ese es un tema que nos preocupa muchísimo como juristas independientes, porque el ser servidor público, en este momento, tiene una íntima relación con la simpatía, mínimamente, con un partido político.

Eso significa que ese juez que probablemente sea elegido como magistrado, es una persona que tiene criterios de simpatía, de apego, de partidismo con el actual Gobierno. Eso rompe el principio de independencia judicial que debe regir en el ejercicio jurisdiccional.

Uno puede pensar lo que quiera, pero lo que no puede ser es un simpatizante o un acólito al Gobierno de turno. Si un ciudadano se enfrenta en un proceso o juicio al Gobierno, qué chances tiene de ganarle al Estado, absolutamente ninguna y eso rompe otro principio, que es el de igualdad jurídica.

¿El cargo público es buena opción para los notables?

Lo que pasa es que al momento en que sale la convocatoria tiene que haber dos principios básicos, el de confianza al proceso y el de certeza. Es decir, la confianza en el sentido en que uno va a ser medido o evaluado en términos legales, óptimos, en términos de probidad; y el tema de certeza, que significa que, en base a sus méritos profesionales, la persona va a estar en términos igualitarios con otros postulantes.

Estos términos se rompen con la presencia de esta gente (funcionarios públicos). Ahí hay que invocar la decencia de la gente. Si soy funcionario público y voy a optar a otro cargo, especialmente de este nivel, obviamente tengo que dejar la función pública que desempeño.

Pero el tema de fondo que finalmente se va a decidir acá, y hay que dejar de ser ingenuos, es la habilitación de Evo Morales. Ese es el tema de fondo, es lo que está en juego, por eso la prórroga, la autoprórroga, la paralización del país y las amenazas.

Denunciados, prorrogados, procesados… ¿qué se puede esperar de los electos?

En otros países el proceso de selección de magistrados dura bastante tiempo porque, incluso, los someten a una suerte de exámenes psicológicos. Es decir, que no solamente son suficientes los cartones, tiene que haber otro elemento que es la probidad. ¿Qué es ser probo? Es ser decente, honesto, es tener un reconocimiento de la comunidad.

No estamos pidiendo que la gente no tenga carga personal; uno tiene religión, creencias, su historia de vida, etc., pero cuando se desarrolla un cargo como este, uno tiene la obligación de despojarse de esa carga, incluso de las posibles simpatías políticas que se pueda tener.

¿Cree que el proceso de preselección se realizó de manera adecuada?

Creo que el proceso de preselección hay que mirarlo antes de esta última fase. Ha habido muchísimos tropiezos, primero la paralización del proceso, segundo, la impugnación de la primera ley. La idoneidad se mide por los cartones y las acreditaciones, pero la probidad no se mide en cartones, se mide cara a cara.

El proceso genera ciertas desconfianzas; por ejemplo, cuando el ministro (Iván) Lima declara que no se van a llevar adelante las elecciones judiciales. O él tiene una bolita de cristal o está interviniendo en una esfera privativa de otro poder.

Todo eso genera una suerte de desconfianza ciudadana. Me imagino que los postulantes, los decentes, los honestos, los que están en carrera, deben tener una sensación de poca certeza.

Ahora el reto es cómo se comporta la Asamblea en el pleno. Veremos de ese 60% de funcionaros gubernamentales, cuántos son votados, ojalá no sea una cantidad que genere mayores dudas en el proceso.

¿Cómo interpreta la falta de mujeres y de indígenas?

Es poco lo que pueden hacer las comisiones seleccionadoras en el tema de las mujeres.

En el caso de los indígenas, creo que va a haber problemas. En el Tribunal Constitucional, aunque no se exige que sea persona indígena, originaria, campesina, hay una sala que define los temas de conflicto y competencia que se tienen con la justicia originaria campesina, y se necesitan especialistas en justicia originaria campesina y no hay muchos. Creo que ahí va a haber un desfase, en la conformación de esta sala en el Tribunal Constitucional.

¿Se puede considerar que el proceso ha fracasado o qué se puede mejorar aún?

Yo no hablaría de fracaso todavía, aunque quizás hay que hablar un poco de las dificultades que hay en el proceso. Creemos que un proceso de esta naturaleza debería estar en manos de un órgano constitucional autónomo, bajo otros parámetros. Hemos planteado en la modificación de la Constitución, crear un órgano, una comisión de preselección integrada con gente con características probas.

Ese es un primer defecto que habrá que solucionar con posterioridad, porque una tercera elección, si es que tenemos un resultado parecido a anteriores elecciones, sí será un fracaso.

Planteamos que se llame a un referéndum en este proceso y si es que hay un número de votos blancos y nulos, que empiece otra vez, porque quiere decir que la gente está descontenta con el trabajo.