La senadora Silvia Salame, ex presidenta del Tribunal Constitucional, ha levantado su voz en desacuerdo con una reciente decisión de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz a denuncia de Margarita Medrano, otra postulante inhabilitada que buscaba llegar al Consejo de la Magistratura proveniente de Santa Cruz.

 En sus declaraciones, Salame expresó que el tribunal en cuestión debió limitarse a pronunciarse sobre el caso particular en lugar de paralizar todo el proceso. Calificó la medida como un “exceso judicial”, tanto en términos de autoridad como de impacto en el proceso legal.

Salame no está sola en sus críticas. Orlando Ceballos, abogado del Movimiento al Socialismo, también ha manifestado su descontento, describiendo la medida tomada por los vocales de Santa Cruz como excesiva. Ceballos argumentó que, si bien la acción judicial podría haber beneficiado al demandante, no debería haberse extendido para perjudicar a todo el proceso electoral.

La preocupación principal gira en torno a la magnitud de la medida cautelar impuesta. Según Ceballos, si bien cualquier ciudadano boliviano puede interponer una acción de amparo, la imposición de una medida cautelar debe ser proporcional y cuidadosamente considerada. En este caso específico, se considera que la medida ha sido desproporcionada. Las opiniones de Salame y Ceballos reflejan una preocupación compartida por el manejo adecuado de los procesos judiciales, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan a todo un proceso electoral. La transparencia y la imparcialidad son fundamentales para garantizar la confianza en el sistema judicial y en el proceso democrático en su conjunto.