Al menos 39 de los aspirantes a magistrados de los diferentes tribunales repiten este año postulaciones. Una revisión y data hecha por Visión 360 encontró que, en años pasados, no solo optaron por cargos judiciales, sino que también participaron en las elecciones para Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado (FGE), para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las Nacionales y Subnacionales.

Resalta el caso de Arturo Laime, de Tarija, que se postuló al cargo de FGE en dos oportunidades y al Tribunal Supremo de Justicia. También es llamativo el caso de Zacarías Valeriano, que fue candidato a FGE en 2007 y se postuló a las elecciones judiciales de 2017. En 2006 fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el entonces presidente Evo Morales.

Otro caso con dos postulaciones es el de Marisol Camargo, que este año se presentó para el Consejo de la Magistratura. En 2017 postuló al mismo cargo y en 2015 se postuló para el TSE (su candidatura fue impugnada).

Como ocurre también con muchos de los jueces “autoprorrogados”, varios de los candidatos que participaron en elecciones anteriores también están acusados de irregularidades. Es el caso de José Pedro Carvalho, que este año postula al Tribunal Supremo de Justicia de Beni. En 2018 se presentó en las elecciones para el cargo de FGE y en 2019 fue denunciado por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) por parcializarse con personas vinculadas al narcotráfico. Fue detenido y acusado de prevaricato. Cuando optó al cargo de fiscal, fue inhabilitado porque era militante de la agrupación ciudadana Alianza Solidaria y Popular (Asip), del exalcalde de Santa Cruz Roberto Fernández; posteriormente del Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado. También tenía un proceso por violencia intrafamiliar.

Franklin Garvizu, que este año se presenta para el Consejo de la Magistratura, fue candidato en las elecciones nacionales, en las que consiguió una diputación uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Fue investigado por sus vínculos con Pedro Montenegro, implicado en el tráfico de sustancias controladas. En enero de 2021, Montenegro fue condenado a 11 años de prisión en Brasil por tráfico de drogas.

En las Elecciones Judiciales de 2017, Leandra Porco se presentó para el Tribunal de Justicia y fue inhabilitada por un proceso administrativo en su contra. Celin Saavedra se presentó en la misma elección y, aunque obtuvo la mayor nota para ser vocal del Tribunal de Justicia de Chuquisaca, fue rechazado al ser denunciado, procesado y sancionado por un caso de violencia familiar. También se lo impugnó por abuso de cargo. Este año se presenta para el Consejo de la Magistratura. Mario Callisaya se postuló para Fiscal General del Estado en 2012 y fue inhabilitado por un recurso de amparo constitucional. Este 2024 se postuló al Tribunal Agroambiental. Marcelo Quispe, candidato al mismo tribunal, reprobó el examen para ser juez Agroambiental en 2021.

Otro caso peculiar es el de Zulma Santander, candidata este 2024 al Tribunal Agroambiental. En 2017 se postuló al mismo órgano y obtuvo una de las calificaciones más bajas en su evaluación de méritos.

Hans Soruco, que postula al Tribunal Constitucional de Beni, fue inhabilitado en las Judiciales de 2017 por realizar propaganda personal.

Dimelsa Chivi fue impugnada en las elecciones de 2017 y  para esta elección postula al Tribunal Constitucional de Oruro; mientras que José León Magne, que postula al mismo ente, fue inhabilitado en las elecciones de 2022 para Defensor del Pueblo. Gabriela Araoz postula al Consejo de la Magistratura. Trabajó como analista jurídica en Emapa y fue agente consular en Valencia (España) en 2015. En 2019 se postuló al TSE. Y Carlos Contreras, docente de la UMSS, candidato a senador en las elecciones generales de 2020, postula este año al Consejo de la Magistratura.

Cuatro postulantes a Defensor del Pueblo en el pasado están hoy en carrera: Rafael Quinteros, María Irene Vino, Carlos Franklin Vargas y Gregorio Herrera Maydana.

¿CÓMO Y QUÉ SE HIZO? Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 revisó los antecedentes de 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias. Se corroboró la militancia de cada postulante en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. Con todos los datos obtenidos,  la redacción de este medio preparó una data que ahora libera para que la población tenga acceso a la información de los postulantes; este trabajo también incluye las hojas de vida de más de 350 aspirantes. Además, con el objetivo de hacer periodismo de datos, en este especial, Visión 360  presenta una serie de notas y reportajes que hacen una radiografía a los postulantes a este proceso.