El 84,2% de los postulantes a candidatos y candidatas  para las elecciones judiciales 2024 son o fueron funcionarios públicos. Desde quienes hacen carrera en el Órgano Judicial hasta los que ocupan cargos de confianza en el Ejecutivo, además de aquellos que trabajan en el sistema de universidades públicas del país, tienen o tuvieron que ver con la función pública en el Estado boliviano.

Un equipo de Visión 360 realizó una data con la revisión de las hojas de vida de los postulantes, del sistema de resúmenes públicos de declaración jurada en la Contraloría General del Estado y de reportes de prensa desde 2006. La búsqueda identificó que, de los 405 postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 341 son o fueron funcionarios públicos. De ese total, 330 tenían declaraciones juradas presentadas entre abril de 2022 y abril de 2024.

“Expresamos profunda preocupación por la presencia de servidores públicos gubernamentales en actual ejercicio, de magistrados beneficiados con la prórroga y autoprórroga, y de postulantes con graves denuncias que han motivado impugnaciones públicas. Tales postulaciones no pueden ocultar sus conexiones ni preferencias con el actual Gobierno, situación que disminuye la garantía de independencia judicial, condición sine qua non (indispensable) para el ejercicio jurisdiccional probo e idóneo”, señala un comunicado de los denominados Juristas Independientes.

En el documento aclaran que la elección judicial por sí misma, y en las condiciones en que se realiza, no soluciona ninguno de los problemas que enfrenta la administración de justicia en Bolivia. Se cuestionó que la pre selección dependa del Órgano Legislativo, un ente de naturaleza político partidaria. 

Ministerios y designaciones

Con el puño izquierdo en alto y asegurando que no habría ninguna alineación política, el 30 de diciembre de 2006, el entonces presidente Evo Morales designó por decreto a cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema. La acción fue observada como inconstitucional y abrió una crisis entre el Órgano Ejecutivo y el Judicial.

Entre los asignados estaba Zacarías Valeriano Rodríguez, actual empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, según  una declaración jurada que data del 11 de marzo de 2024. Ahora  postula al TSJ.

Él es solo uno de los 55 postulantes que forman parte de ministerios, empresas y otras entidades dependientes del Gobierno central.  Muchos de ellos ocupan cargos de confianza o de designación presidencial.

Entre ellos está el jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, postulante al Consejo de la Magistratura, Aldo Castro Quevedo, también apoderado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  De acuerdo con la convocatoria pública para la preselección de candidatas y candidatos, existen dos tipos de requisitos: los comunes (vigentes para todos) y los específicos (diferentes para cada uno de los cuatro cuerpos judiciales).

Ser funcionario público solo está requerido para el TCP. En el resto se exige experiencia laboral en el ámbito de sus funciones, es decir docentes universitarios, jueces, vocales o administrativos de alguna entidad.

En el caso de Santiago Sauciri, fue consejero de la Embajada de Bolivia en Estados Unidos hasta 2019. Un caso similar es el de Rolando Soto Villalta, que en 2017 fue designado director nacional de Operaciones del Servicio General de Identificación Personal y en 2021, director de la Autoridad  de Fiscalización de Pensiones y Seguros.

Asimismo, el postulante José Ugarte Imaña, que en junio de 2023 presentó su declaración jurada como director jurídico de Bolivia TV, en 2021 ya fue director jurídico del Ministerio de Defensa  y asesor de despacho de la ANH en 2012.

Entre otros casos están el de Fabiola Arcani, personal del Fondo de Desarrollo Forestal y que ya ocupó cargos como directora regional del INRA, y Mariela Sánchez, que trabajó en la Corporación Minera de Bolivia y dirigió la Unidad de Investigaciones Financieras.

El trabajo periodístico también halló a antiguos directores y gerentes regionales de Entel, Datacom, del Servicio Nacional de Impuestos, del Segip, de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones, de Aduana, de Emapa y del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (vea detalles en la Data elaborada por Visión 360). 

El INRA y la ALP

Al menos siete postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental y al TCP son funcionarios del INRA. Por ejemplo, el postulante Juan Carlos Quispe Laime fue director de la regional en Chuquisaca, mientras que su par, Víctor Aliaga Gutiérrez, dirigió la de La Paz.

Según su declaración jurada, Adalberto Rojas es jefe regional del INRA en Santa Cruz. También están los ex directores departamentales de Cochabamba y Oruro, Víctor Claure Hinojosa y Teodoro Blanco Mollo, respectivamente.

“El que se mantengan en ejercicio quita toda independencia a la autoridad judicial”, sentenció la vocera de los juristas independientes, Kathia Saucedo.

En la lista de postulantes se identificó a seis funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ente encargado de la preselección. Sus declaraciones juradas datan de noviembre de 2023 a enero de 2024.

Por ejemplo, tras ocupar el cargo de oficial mayor de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Arellano Paz y Sandro Fuertes Miranda optan al Consejo de la Magistratura y al TSJ. El primero cumplió su labor durante la gestión de Jerges Mercado.

Los consejeros II de la ALP, Juan Carlos Carvajal Apaza y Tereza Paredes Flores postulan a consejeros de la Magistratura. Leopoldo Escobar Ramos, también personal de la ALP, fue uno de los primeros en presentar sus documentos.

220 en el Órgano Judicial

Los datos obtenidos en este trabajo muestran que el grueso de los postulantes cumple funciones dentro del Órgano Judicial. De los 341 servidores públicos, 221 trabajan en las fiscalías y juzgados, otros ya son magistrados, pero aunque la Constitución indica que no pueden ser reelectos, debido al reglamento pueden volver a postularse.

Esto se debe a que entre los requisitos comunes no hay una restricción total.

El requisito mencionado dice: “No postularse al mismo cargo en el que haya sido electo en alguna elección anterior”. Es decir que los magistrados electos  en las Elecciones Judiciales 2017 pueden postularse y ser elegidos en 2024, siempre y cuando cambien de cuerpo judicial.

“Se estaría dando lo que dijimos hace tiempo, el famoso pasanaku judicial. Hoy están en un tribunal, y mañana postulan y se quedan en el otro”, manifestó Saucedo.

Para quienes no fueron electos no hay más restricción que los ocho años de experiencia. Esta se contabiliza a partir de la emisión del título. En este grupo se encuentran los magistrados denominados “prorrogados y autoprorrogados”.

“Son personas que ya cumplieron estas funciones y que fueron observadas. Deberían dar el paso al costado para permitir que otros participantes con la meritocracia, academia  e imparcialidad asuman y renueven estos espacios. Han buscado la forma de rotar en diferentes espacios del Órgano Judicial. Del TSJ pasan al Agroambiental, del Agroambiental pasan al Constitucional…, es como un pasanaku”, indicó la diputada Elena Pachacutec.

Una muestra de estos casos es el de René Espada, magistrado del TCP. Ahora, él presentó su postulación al TSJ.

Pero, además de los prorrogados, entre quienes postulan se encuentran  aquellos que hicieron carrera en diferentes instancias judiciales, con o sin observaciones. Un caso llamativo es el del postulante al Consejo de la Magistratura Silvano Arancibia que en 2010 fue posesionado por Luis Arce como parte del directorio de Aduanas.

También está el juez Romer Saucedo Gómez, que fue detenido por conducir en estado de ebriedad. Ahora postula al TSJ de Santa Cruz.

Universidades y el TSE

Los requisitos abren la puerta a quienes trabajan en docencia, es así que una gran cantidad de postulantes son personal del sistema universitario público. La revisión de sus hojas de vida mostró que de 22 aspirantes, provenientes de las nueve casas  de estudios superiores, sólo cuatro habían participado en otro tipo de actividades.

El primero es Martín Montaño Parada, postulante al Consejo de la Magistratura. En 2019 fue presidente del TED Cochabamba y ahora es parte de la Unibol Quechua Casimiro Huanca. Asimismo, Cristian Sanabria, docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fue asambleísta de Chuquisaca por el Movimiento Al Socialismo. Los otros dos docentes, Omar Morales Delgadillo y Jorge Pérez Maita, en pasadas gestiones fueron jueces.  En la lista de habilitados, que ahora se encuentran en la fase de evaluación de méritos, se identificaron ocho postulantes que forman parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).  Todos cuentan con declaraciones juradas de 2023 y 2024.

Uno de los casos más conocidos es el del vocal (en ejercicio) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. La autoridad se postuló  al Consejo de la Magistratura.

Al ser miembro del TSE, ente que llevará a cabo las elecciones, su postulación fue observada, ya que podría constituirse en juez y parte del proceso. En respuesta, Tahuichi  Quispe afirmó que aún no hay un conflicto de  intereses y que renunciará a su cargo solo si es preseleccionado.

También está el caso de Eulogia Flores Pacara,  vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED)  Potosí, designada en el cargo por Luis Arce.   Similar es el caso de Carlos Ortiz  Quezada, vocal en el TED Beni, por nombramiento presidencial.

¿CÓMO Y QUÉ SE HIZO? Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 revisó los antecedentes de 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias. Se corroboró la militancia de cada postulante en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. Con todos los datos obtenidos,  la redacción de este medio preparó una data que ahora libera para que la población tenga acceso a la información de los postulantes; este trabajo también incluye las hojas de vida de más de 350 aspirantes. Además, con el objetivo de hacer periodismo de datos, en este especial, Visión 360  presenta una serie de notas y reportajes que hacen una radiografía a los postulantes a este proceso.