Luego de dos meses de avanzar en el proceso de preselección de candidatos judiciales, finalmente los augurios lanzados por el ministro de Justicia, Iván Lima, en sentido de que las elecciones podrían paralizarse se cumplen, con la emisión de resoluciones judiciales que ordenan frenar la preselección.

Pero, incluso antes de conocerse la notificación de la justicia, la bancada arcista ha dejado claramente establecido que no quería seguir adelante con el proceso, según dijeron sus integrantes en la Comisión Mixta de Constitución, durante la sesión del martes. 

“Si ya conocemos a través de los medios de comunicación que existe una decisión de esta naturaleza ¿vamos a seguir cerrando los ojos?”, preguntó el diputado arcista Juan José Jáuregui.

Frente a esa situación, los evistas preguntaron que, de una vez, el gobierno de Luis Arce le diga al país si quiere o no quiere elecciones.

“¿Queremos que sigan las elecciones o no? O queremos hacer caso a las declaraciones del señor Lima que ya venía diciendo que se iban a suspender y ahí está. Tenemos que decir si queremos o no queremos, no hagamos show”, dijo la senadora evista Patricia Arce.

Desde el inicio del proceso, los legisladores arcistas buscaron argumentos para frenar o ralentizar la selección, por ejemplo, cuando argumentaron que no había equidad de género en las listas y este último martes, cuando se opusieron a la división de la comisión en tres para recibir las pruebas orales, como se había acordado previamente.

Jáuregui argumentó que el apuro por cumplir el cronograma está llevando a la presentación de acciones legales que luego igual terminarán por paralizar el proceso.

“Creo que no estamos comprendido la observación que está emitiendo la bancada del MAS, estamos pretendiendo llevar adelante una serie de actos, estamos pretendiendo llevar adelante con un alto grado de irresponsabilidad y de poca observancia a la norma”, dijo al rechazar la división de la comisión.

De hecho, las pruebas debían comenzar este martes, pero esas discusiones impidieron que así sea. Finalmente, el arcismo impuso el cuarto intermedio en la sesión.

Previamente fue el propio Lima quien abrió la posibilidad de suspender las elecciones judiciales. A mediados de enero, en declaraciones a Correo del Sur, dijo que era poco probable que haya elecciones judiciales este año, considerando la agenda política del año.

Luego, a mediados de marzo habló de la posibilidad de suspender las elecciones al menos para el TCP porque no se estaba cumpliendo la paridad de género y la representación indígena.

“El artículo 38 de la ley (de Elecciones Judiciales) establece que, si no tenemos una cantidad adecuada de postulantes mujeres y postulantes que representen el pluralismo jurídico del país, la convocatoria debe declararse desierta y esto ameritaría que no pueda la Asamblea elegir candidatos y luego el Órgano Electoral llevar adelante el proceso electoral, es un motivo de preocupación que tiene que analizar y resolver la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dijo Lima entonces.

Y, este miércoles, luego de conocerse la decisión judicial, la oposición acusó directamente al Ministro de Justicia de no querer que se lleven adelante las elecciones para preservar a los magistrados prorrogados en sus cargos hasta las elecciones del 2025.

“Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso. Mientras el Tribunal Constitucional siga bajo el control de los ilegales, no parecen posibles las elecciones judiciales”, dijo el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Respecto a la decisión judicial, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que es “improcedente e inaceptable: por falta de competencia, sentido de oportunidad y proporcionalidad y por conflicto de interés de la “sala”. No pueden volver a frenar una atribución constitucional de la ALP ni el derecho ciudadano a elegir”.

Y respecto a la Sala Constitucional de Santa Cruz, que ordenó paralizar el proceso, la senadora disidente de CC, Silvia Salame, dijo que uno de los firmantes del amparo constitucional es un juez nombrado por los magistrados prorrogados, por lo que sus decisiones son nulas.

“Acá es importante que la ciudadanía tome conocimiento de que uno de los que forma este auto de admisión (del Amparo Constitucional) es una persona nombrada de forma ilegal (sin especificar su nombre). Fue nombrada designada por los autoprorrogados y todos los actos de estos ciudadanos que se han autonombrado magistrados son nulos de pleno derecho”, dijo Salame.

Mientras que la diputada Luisa Nayar señaló que se advirtió desde un inicio que Gobierno y particularmente Lima “nunca tuvieron la intención de renovar el Órgano Judicial. El plan se cumple con intromisiones, amparos y todo tipo de chicanas para que se queden los autoprorrogados hasta las elecciones de 2025”.

Por ahora, el proceso está suspendido por una semana, en espera de la audiencia de la Sala Constitucional de Santa Cruz en la que se definirá si procede la demanda de una candidata inhabilitada, sin embargo, también se sabe que hay otras demandas en curso.