La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de evaluación de méritos y exámenes a los 405 postulantes que aún quedan en carrera para ser candidatos para los más altos cargos del Órgano Judicial Plurinacional. Una nueva paralización que es determinada de los altos tribunales de justicia, decidida por los magistrados autoprorrogados. Es una nueva determinación que pone en peligro la realización de las elecciones judiciales en esta gestión.​

La siguiente semana se realizará la audiencia para definir si la fiscal que hizo la demanda tiene razón o no, pero ella no es la única en presentar un recurso por considerar que sus derechos fueron vulnerados.

Se podría decir que Bolivia está atrapada en un círculo vicioso, porque en tanto haya recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la selección de postulantes puede paralizarse o anularse y devolver todo el proceso a foja cero. Ya pasó el año pasado y puede volver a ocurrir. Eso significa que los autoprorrogados se mantengan en los altos cargos de la Justicia por tiempo indefinido y que el sistema judicial siga siendo la peor pesadilla para los ciudadanos.

Sin embargo, ahora el problema no solo es provocado por los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino también del Poder Legislativo, porque los Observadores Independientes de la iniciativa Veeduría Ciudadana hicieron una especie de auditoría y detectaron irregularidades en el proceso de selección de postulantes a los altos cargos del Poder Judicial.

El documento que ellos presentaron resume que dos postulantes estaban inhabilitados, pero aparecen en la lista de habilitados; a tres aspirantes que no cumplieron con el requisito de los ocho años de experiencia los habilitaron; dos postulantes fueron habilitados tras varias reconsideraciones exigidas por legisladores del MAS y a un postulante que introdujo su recurso de revisión fuera de término también se lo habilitó.

Uno de los que pasó, pese a presentar su documentación fuera de término, fue el actual vocal electoral Tahuichi Tahuichi. Asimismo, estos veedores señalaron al diputado del MAS, Jerges Mercado, de haber pedido la rehabilitación del magistrado Zenón Bacarreza, uno de los que avaló la postulación a la Presidencia de Evo Morales, bajo el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano.

Así se ha rehabilitado a por lo menos ocho postulantes, según el informe de esta iniciativa.

Frente a esta situación, cabe preguntar ¿Dónde queda la responsabilidad de los asambleístas que deberían seleccionar a los mejores perfiles para que sean candidatos a los altos cargos de la justicia?

Para nadie en Bolivia es desconocido el lamentable estado de la justicia boliviana. También se sabe que las elecciones pasadas se resolvieron con muy pocos votos válidos, debido al escepticismo ciudadano. Por si eso no bastara, ahora tenemos un proceso de selección que no parece ser tomado en serio por los legisladores responsables de llevarlo adelante. Y eso da pie a que los autoprorrogados sigan intentando perpetuarse mediante resoluciones constitucionales que estancan cualquier posibilidad de cambio.

En suma, Bolivia está atrapada en un círculo vicioso del que no saldrá a menos que haya una reforma verdadera del sistema judicial. Tomando en cuenta que los que avanzaron hasta esta etapa son mayoritariamente funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, no hay mucha esperanza de que la elección vaya a generar grandes transformaciones.