No deben reprocharse las reiteradas opiniones expuestas sobre necesidad de resguardo del sistema democrático, pues es  deber patriótico el repudio sistemático  de la ilegal propuesta de reelección continua de quienes ejercen las principales funciones en el Poder Ejecutivo.

Ante el ánimo de continuidad más allá de lo legalmente establecido, los mandatarios, a fin de lograr ese propósito, tomando como precedente el cambio introducido al sistema constitucional en 1961 para dar paso a la reelección inmediata  del Presidente Víctor Paz Estenssoro para otro periodo al final de su mandato de 1960 a 1964, intentaron imitar ese mal ejemplo.

Para tal efecto efectuaron la consulta al pueblo mediante el referéndum de 21 de febrero de 2016, olvidando que Paz Estenssoro, reelecto, fue derrocado al poco tiempo por dirigentes de la célula militar del partido político por él jefaturizado con argumento de respeto al precepto de mandato presidencial improrrogable.  El pueblo se pronunció en sentido de que se mantenga la regla contenida en el artículo 186 de la Constitución.

Persistentes en su afán, invocaron luego como otro precedente el mandato de carácter vitalicio establecido en la Constitución de 1826, desconociendo que esa norma fue constitucionalmente suprimida en 1831 y que, por la Constitución de 1839, el periodo de gobierno a plazo fijo se impuso definitivamente con posibilidad de reelección solamente después de un periodo siguiente a la gestión concluida.

La regla constitucional de alternabilidad en el mando fue pocas veces violada por los gobernantes. Uno de los que así procedió fue el Presidente Ismael Montes quien, en 1908, prorrogó su mandato por un año para impedir que Eufronio Vizcarra, Vicepresidente electo, se haga cargo del Gobierno en atención al fallecimiento del Presidente electo Fernando Eloy Guachalla cinco días antes de su posesión.  

Una situación parecida, al término del mandato de cuatro años del Presidente Daniel Salamanca y del Vicepresidente José Luis Tejada Sorzano, se produjo en noviembre de 1934 en que fueron electos Franz Tamayo para Presidente y Rafael Ugarte para Vicepresidente.  En el mismo mes de realizado ese acto electoral los militares, en plena guerra del Chaco, derrocaron al Presidente Salamanca, impidieron la posesión de los nuevos mandatarios recientemente electos, y reconocieron como Presidente a José Luis Tejada Sorzano, Vicepresidente cesante, dando así lugar a un gobierno espurio hasta 1936  en que éste fue destituido por los mismos que lo llevaron ilegalmente al Poder.

A fin de evitar que se cometa un nuevo atentado contra el sistema democrático en  diciembre del año 2019, debemos defender sin descanso la legitimidad.                                      

El autor es abogado