La autoridad se mostró molesta luego del rechazo de los vocales. Pero aún debe enfrentar una audiencia de medidas cautelares por el caso Mochilas II y la denuncia del carro balde.

La apelación fue desestimada porque los vocales consideran que la eliminación del riesgo de fuga no es suficiente. Mientras, el fiscal superior José Manuel Gutiérrez manifestó que lo único con que se contaba era con argumentos, pero no así elementos probatorios que permitan modificar las medidas sustitutivas de la autoridad electa.

“La defensa del señor Leyes no ha demostrado en absoluto, probatoriamente, que estén dadas las condiciones para modificar las medidas sustitutivas (…) Encontramos que la resolución es adecuada. Aunque el Ministerio Público considera que se debió detener preventivamente desde un inicio”, dijo Gutiérrez.

Entre las pruebas presentadas por la defensa de Leyes está la resolución del alcalde electo de Quillacollo, Eduardo Mérida, cuando le dieron detención domiciliaria, pero le permitieron acudir a la Alcaldía a trabajar con custodio.

“Lastimosamente, no han considerado muchas pruebas que hemos presentado, ni siquiera las han descrito. Esto muestra que lo único que les interesa es mantener alejado al alcalde Leyes de sus funciones”, aseveró el abogado del Alcalde, Humberto Trigo.

Agregó que, ante esta situación, el lunes presentarán una acción de libertad, porque “han cometido bastantes errores los señores vocales y que están manteniendo sin derecho al trabajo al Alcalde”.

La audiencia de apelación a la modificación de medidas sustitutivas del alcalde Leyes se llevó a cabo en un ambiente de total hermetismo. La Policía formó un cerco en el piso nueve con una cinta y al menos 10 policías que evitaban el paso de comerciantes, funcionarios y periodistas.

Pese a que el caso ya no está en reserva, los vocales pidieron que no se permita ingresar a nadie que no sea de las partes del proceso.

Este tipo de actitudes, que atentan contra el trabajo de la prensa, comenzaron luego de que el Ministerio Público interpusiera una denuncia contra la jueza Sara Céspedes, quien atendía los casos Mochilas I y II. A partir de este hecho, los jueces evitaron ser grabados, dar sus nombres e incluso restringieron el ingreso a la prensa, como ocurrió ayer.

Una audiencia y un proceso

Leyes se encuentra con detención domiciliaria, pagó una fianza de 200 mil bolivianos y tiene prohibido acercarse a la Alcaldía o tener contacto con funcionarios. Pero todo esto se trata de las medidas sustitutivas del caso Mochilas I. Aún debe enfrentarse a otras dos audiencias de medidas cautelares adicionales.

“Aún están abiertas otras investigaciones contra el señor Leyes y se aplicarán las medidas sustitutivas que sean necesarias en cada caso”, manifestó el Fiscal.

Una de estas audiencias es la del caso Mochilas II. Además, está el proceso por las irregularidades en la compra del carro balde para la Policía, por el cual ya se presentó a declarar y se busca la imputación para llamar a audiencia cautelar.

TESTIMONIOS

"Lo único que devela es que ni se revisa la documentación y lo quieren mantener alejado de su trabajo al Alcalde. El señor Leyes tiene una familia que mantener y no está percibiendo ingresos en estos momentos". Humberto Trigo. Abogado del Alcalde

"Era puro argumento. No se han presentado pruebas idóneas. Hay una deficiencia probatoria para cesar la domiciliaria. Desde un inicio se considera que deberían haber señalado detención preventiva para el señor Leyes". José Manuel Gutiérrez. Fiscal Superior

EL PROCESO QUE DESTAPÓ VARIAS IRREGULARIDADES

El caso se destapó el 2 de abril, cuando la concejal Rocío Molina (MAS) evidenció varias irregularidades en la adquisición de 91 mil mochilas chinas para 2018 con una inversión de 12 millones de bolivianos.

Entre las observaciones que se hicieron están el presunto direccionamiento, la filtración de información privilegiada y el sobreprecio a raíz del ingreso de las mochilas antes de que se lanzara la licitación pública.

Hasta el momento, hay 11 imputados, entre miembros del comité calificador, la unidad solicitante, el alcalde José María Leyes y el exsecretario José Miguel Padilla. Aún se mantiene prófugo el exsecretario financiero Diego Moreno.

Dos semanas después de la denuncia, Leyes se presentó a declarar, fue aprehendido y desde ese momento no volvió a su silla edil. Desde entonces, salieron a la luz numerosas denuncias de irregularidades en otros proyectos y en empresas descentralizadas.