Las medidas cautelares solicitadas por peticionantes del movimiento 21-F en contra de la repostulación del presidente Evo Morales pueden ser consideradas más adelante, si se presentan las condiciones, refirió ayer el relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren. Pero el Gobierno se apresuró a celebrar una declaración previa del comisionado sobre este punto. Expertos constitucionalistas explicaron que el camino no acabó y que el caso debe llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un pronunciamiento de fondo.

“Esa petición tiene todo un procedimiento, debe registrarse, ser radicado con una numeración, tiene que pasar por un estudio sobre la viabilidad y luego la Comisión pondrá en conocimiento del Estado para que presente la contestación y entregar su informe. Una vez que respondan, los peticionarios observarán la contestación y cumplida esa fase entra a la etapa de admisibilidad (...) si se constata la responsabilidad del Estado, la Comisión decidirá si se demanda ante la Corte Interamericana, que verá el tema de fondo”, explicó el abogado constitucionalista José Antonio Rivera.

Añadió que las declaraciones de los políticos no pueden ser comparadas con decisiones jurídicas que asume la Corte IDH y que habrá un pronunciamiento oficial del ente interamericano sobre este punto, necesariamente cuando se cumplan los plazos.

La también abogada internacionalista Karen Longaric afirmó que el pronunciamiento sobre medidas cautelares le corresponde a la Corte IDH y no a la Comisión.

“El comisionado ha indicado que el caso no está cerrado, que más adelante se podrían solicitar nuevamente las medidas cautelares. En mi criterio, las medidas cautelares deben solicitarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el caso ya es de conocimiento de la Corte, cuando está en su jurisdicción”, explicó.

Pero el Gobierno saludó la declaración del relator Francisco José Eguiguren sobre la imposibilidad de dictar las medidas cautelares sobre este tema.

“Han estado buscando un pronunciamiento respecto al problema del 21-F y la sentencia del Tribunal Constitucional, y algunas de las medidas cautelares que se conocen ya han sido analizadas por la comisión y no han sido otorgadas porque no se puede, por medida cautelar, discutir ni el contenido de una sentencia sin entrar al fondo, al análisis de la convención o a la normativa boliviana”, dijo el enviado en Cochabamba.

Esa declaración, según las autoridades, cierra cualquier debate sobre la repostulación de Evo Morales y deja mal parados a los que buscaban un pronunciamiento del ente internacional.

“Aquellos anuncios que hacían voceros de la oposición, anuncios alarmistas que hoy se desvelan falsos respecto a que el sistema interamericano iba a aplicar medidas cautelares contra la reelección, vemos que es absolutamente falso”, dijo el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia de prensa.

El ministro de Justicia declaró que esas palabras están en coincidencia con lo que habían anunciado, en el entendido de que no procede ninguna solicitud de medida cautelar, ya que estos procedimientos están reservados exclusivamente para casos donde existe riesgo de vida o peligro inminente de situaciones que puedan afectar irreversiblemente los derechos humanos de las personas, situación que no es el caso, refirió en una entrevista con radio Panamericana.

El expresidente Jorge Quiroga también dijo que la CIDH no puede emitir una medida cautelar e informó que él solicitó que se pronuncie la Corte de San José, que sería el ente indicado para definir este dilema de la repostulación de Morales.

ANP lamenta omisión de su denuncia

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) emitió un comunicado en el que lamenta que la denuncia sobre la violación a la libertad de prensa en Bolivia no haya tenido la suficiente atención en la visita que realizó el relator de la CIDH, Francisco Eguirguren.

“En la ANP lamentamos profundamente que el informe y documentación presentados en la audiencia a la que asistió el Alto Comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren, ahora de visita en Bolivia, no haya recibido el suficiente crédito”, señala el comunicado del ente.

La libertad de prensa está amenazada y para corroborar este extremo solo es necesario recordar que la semana pasada, mujeres periodistas fueron agredidas durante la inauguración de la denominada Casa del Pueblo. Este incidente es una muestra de muchos casos denunciados por la ANP a través de su Red de Vigilancia y Monitoreo, que describen un ambiente adverso al trabajo de los medios.