El colectivo Juristas Independientes expresó su “profunda preocupación” porque entre los habilitados rumbo a las elecciones judiciales hay servidores públicos gubernamentales, magistrados prorrogados y autoprorrogados en sus cargos y postulantes con graves denuncias que han quedado en evidencia en las impugnaciones planteadas por la sociedad civil.

“Tales postulaciones no pueden ocultar sus conexiones ni preferencias con el actual gobierno, situación que disminuye la garantía de independencia judicial, condición sine quanom para el ejercicio jurisdiccional probo e idóneo”, indica un comunicado del colectivo que el 2023 promovió la iniciativa ciudadana para la reforma constitucional destinada a reformar la justicia.

Entre los postulantes que fueron habilitados a la etapa de méritos hay quienes tienen hasta 13 impugnaciones, además de cuatro magistrados prorrogados y un integrante del Tribunal Supremo Electoral, el vocal Tahuichi Tahuichi.

Los integrantes del colectivo insisten que “es urgente y prioritaria la reforma parcial de la Constitución Política del Estado en materia de justicia”. En ese marco, instan a los futuros magistrados, que emergerán de las elecciones judiciales, puedan asumir lo esencial de la propuesta de reforma constitucional que tuvo el apoyo de más de 800 mil ciudadanos bolivianos, que firmaron la iniciativa ciudadana.

Esa propuesta buscaba evitar que un órgano político, como es la Asamblea Legislativa, tenga total tuición sobre la selección de candidatos judiciales, como está sucediendo ahora y que, por el contrario, sea una comisión independiente la que haga ese trabajo y que en la etapa final la Asamblea únicamente avale la nómina.

En el comunicado emitido este lunes, los juristas reiteran que “uno de los mayores problemas de la preselección que se realiza es que la misma continúa bajo responsabilidad y competencia de un órgano de naturaleza político partidaria” y que, por tanto, “no soluciona ninguno de los problemas que enfrenta la administración de justicia en Bolivia, siendo los más graves: la ausencia de independencia del ejercicio judicial; la manipulación política de los jueces y juezas; la dependencia presupuestaria del gobierno; la situación de la justicia indígena originaria campesina; la necesidad de contar con sistemas alternativos de resolución de conflictos; y la retardación de justicia”.

Con todo, los juristas creen que la elección judicial, por ajora, es la mejor opción “frente al mantenimiento indefinido de la prórroga y autoprórroga” porque los actuales magistrados “actúan sin competencia, violando la norma constitucional y bajo la inminente posibilidad de declaración de nulidad de sus actos”.

Actualmente, las comisiones de Constitución y de Justicia Plural se encuentran en la etapa de evaluación de méritos, luego la Asamblea en pleno debe elegir a los candidatos y la lista debe ser remitida al Tribunal Supremo Electoral entre el 5 y 6 de mayo para iniciar el proceso electoral.