Los autoprorrogados acreditan más de 20 años de experiencia en función judicial, esa condición les pone en ventaja frente a otros profesionales. La escuela de jueces que fue un curso obligatorio para todas las autoridades judiciales y eso también suma puntos

Este martes comenzará la fase de evaluación de méritos en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. Entre el 8 y el 21 de abril se debe revisar los documentos de 405 postulantes habilitados. La hoja de vida de los candidatos autoprorrogados permite observar su ventaja sobre el resto de los competidores.

“Informarles que la Sesión de Comisión Mixta de Constitución, se reanudará el día martes 09 de abril de 2024; a horas 15:00, en instalaciones del ex hemiciclo de la Cámara de Senadores del antiguo edificio”, señala la convocatoria lanzada en la comisión mixta de Constitución. Su par de Justicia Plural sesionará desde las 15:30 en el piso 16 del nuevo edificio.

El domingo se publicaron cuatro listas: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con 188 candidatos; Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con 93 postulantes; Consejo de la Magistratura, tiene 84 candidatos habilitados; mientras que el Tribunal Agroambiental es el de menor número, 40 candidatos en total.

¿Qué dice la Ley aprobada para las Judiciales de 2024?

Según el artículo 34 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 (Ley 1549), se calificará tres aspectos: La evaluación de experiencia profesional tendrá un máximo de 50 puntos; la evaluación de formación académica otros 40 puntos y la producción intelectual 10 puntos, de tal modo que puedan alcanzar un máximo de 100 puntos.

La evaluación de la experiencia profesional será del siguiente modo: cátedra universitaria 5 puntos; ejercicio profesional 25 puntos, dependiendo de los años de servicio. Para el caso del Consejo de la Magistratura los postulantes que hayan desempeñado cargos de jueces o fiscales tendrán 18 puntos

Los candidatos indígenas que hayan desempeñado cargos de Autoridad Indígena tendrán dos puntos adicionales

En cuanto a la formación, el doctorado tiene un valor de 35 puntos; maestría 25 puntos, diplomado cinco puntos; los postulantes pueden lograr hasta 40 puntos. La producción intelectual, como libros o artículos especializados tendrá tres puntos; los artículos especializados tres puntos.

¿Por qué tienen ventaja los prorrogados?

La revisión de las hojas de vida de los candidatos autoprorrogados permite apreciar su ventaja.

- José Antonio Revilla Martínez postula al TCP por el Beni, según su hoja de vida tiene 26 años y 2 meses de experiencia como funcionario judicial; fue autoridad judicial; dos maestrías, un diplomado y otra especialidad; presentó cuatro libros y cinco artículos; estuvo en la escuela de jueces que también es calificada.

- Ricardo Torrez Echalar postula al TCP por Pando, tiene una experiencia de 20 años 5 meses; además de dos maestrías, tres diplomados y un libro.

- René Yvan Espada Navia acreditó 18 años de experiencia, tiene dos maestrías y dos diplomados, escribió tres libros y siete artículos

- Juan Carlos Berríos señala ser funcionario judicial desde 1993, de tal modo que tiene 31 años de experiencia, docente universitario, un doctorado, tres diplomados y tres publicaciones.

- Ponciano Ruiz Quispe dice tener 27 años de funcionario judicial, tres maestrías, un diplomado, una especialidad.

- Marina Durán Miranda tiene  27 años de experiencia, una especialidad, cinco diplomados, tres artículos y un libro.Mariana Montenegro Añez, acreditó 24 años de experiencia. Hasta el 2017 tenía dos maestrías certificadas. Soraya Alicia Cespedes Moreira, su caso es curioso porque es actual suplente en el Tribunal Agroambiental, y se presentó a la reelección.

¿Qué sucede con el consejero Marvin Molina?

El caso del actual presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, es por demás curioso. Antes de ser electo como magistrado, fue funcionario público durante 11 años y trabajó en ocho ministerios.

Como no ejercía algún cargo en ese entonces, volvió a la función pública. En enero de 2018 fue director jurídico del Sernap. En marzo fue jefe de gabinete al ministerio de Culturas. En agosto, jefe de transparencia del ministerio de Trabajo; en 2019 fue director general de empleo.

Entre febrero de 2020 y julio de 2021 ingresó al Órgano Judicial como secretario general del TCP. En julio de 2022 recién ingresó al Consejo de la Magistratura y fue declarado como “decano”, de ahí llegó a la presidencia de ese ente judicial. Asumió el cargo en 2022, pero renunció por unos audios; ya en 2023 volvió a asumir el cargo.