La comisión del tribunal, acompañada de organizaciones en defensa del medio ambiente y un grupo de periodistas, llegó al puente de Isinuta a las 10:00, pero se topó con más de 50 colonos que impidieron su ingreso al Polígono 7 del Tipnis.

“Se están turnando la vigilia entre sindicatos, desde el miércoles están aquí esperando su llegada”, fueron las palabras de alerta de uno de los pobladores cuando la comisión arribaba a Isinuta.

En el lugar, muchos de los colonos se encontraban con palos y una actitud agresiva. Al ser consultados de por qué impedían el paso, los dirigentes intervenían para no dejarles hablar.

“No se pueden sacar fotografías, no pueden filmar. Son nuestras tierras, no tienen derecho”, mencionó otro colono entre la multitud.

Según el presidente de la subcentral Conisur afín al Gobierno, Jacinto Noza, en respeto al pedido de las comunidades, se determinó evitar el ingreso del tribunal. “Los que realmente tienen que dar la orden somos nosotros como dirigentes de la zona del Tipnis”, sostuvo.

Pero, en una evaluación preliminar, Alberto Acosta, miembro del tribunal, afirmó que lo que se evidenció fue una ausencia del Estado en la zona, porque hasta la Policía debe pedir permiso para actuar. Añadió que comprenden la violencia a la que están sometidas las poblaciones indígenas, porque eso vivieron al ser retenidos.

“Es cierto que no entramos físicamente al Tipnis, pero ahí está una de las manifestaciones de las múltiples formas de violencia que se vive”, sostuvo.

En el lugar se exhibió una invitación realizada por el mismo Jacinto Noza al tribunal. El dirigente la desvirtuó argumentando que no fue entregada porque estaba sujeta a la aprobación de las comunidades.

La comitiva permaneció cercada a 300 metros del puente de Isinuta, entregado en 2016, sin poder alimentarse ni ir al baño, vigilados permanentemente por los colonos. Las camionetas en las que se trasladaban no podían moverse porque se instalaron bloqueos con vehículos pesados y livianos.

“En pleno día, secuestrados, a 38 grados, sin haber almorzado, sin poder ir al baño, porque es una vergüenza como está esto”, afirmó, desesperada, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, que formaba parte de la comitiva.

A las 11:30, los dirigentes de la zona se reunieron para determinar si dejaban pasar o no a la comisión, pero la respuesta no se dio hasta que un grupo de policías llegó al lugar, cerca de las 15:00.

Finalmente, en medio de tensión, se instaló una reunión entre la comitiva, a la cabeza de Alberto Acosta, miembro del tribunal y el Conisur, al mando de Jacinto Noza.

En los 10 minutos que duró el encuentro, Acosta explicó que el motivo de la comisión era buscar la versión de ambas partes y no destruir los puentes, que era la versión que los colonos difundieron en la zona.

Posteriormente, se autorizó el retiro de la comisión.

VERSIONES

"Realmente una pena. La tierra y la naturaleza es de todos. Muy aparte, en Trinidadcito fue todo muy bello". Amparo Carvajal. Presidenta de la Apdhlp

"Hay una enorme división dentro la dirigencia. Me preocupa mucho que haya un grupo que tenga control sobre la carretera". Alberto Acosta. Miembro del Tribunal

"Respecto a la comisión, su entrada tiene que ser todo legal, nunca nos consultaron a nosotros". Jacinto Noza. Presidente del Conisur

CRITICAN REACCIÓN TARDÍA DE LA POLICÍA EN LA ZONA

REDACCIÓN CENTRAL

Alberto Acosta, miembro de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, denunció que hubo una reacción tardía de la Policía tras haber sido retenidos en el ingreso al Polígono 7 del Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).

“La Policía, que quiso cruzar el puente temprano, tuvo que pedir permiso para atravesar el puente, incluso dos camiones del Ejército se vieron en las mismas circunstancias”, afirmó.

Relató que la Policía llegó “muy tarde” para tratar de resolver la situación. La Policía del trópico desplegó siete efectivos para garantizar la seguridad de los retenidos.

En una declaración anterior, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que se garantizaría el ingreso del tribunal al Polígono 7. “Si ellos quieren venir, visitar, no sólo les damos las garantías, les podemos facilitar sus visitas”, dijo, en contacto con los medios, la semana anterior.