Así se puede calificar lo que se le viene al MAS-IPSP y que desde ya atraviesa estas semanas, en las que se ubica, más que lo usual, en el centro de la atención mediática y política del país. Es cierto que muchas veces se ha cuestionado la centralidad noticiosa que de manera continua adquiere la figura de Evo Morales y la del MAS. Pero, en esta ocasión, se puede alegar que al estar en juego la viabilidad electoral de la sigla del partido más grande del país, los hechos en torno a la carrera que transita para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas son relevantes sobre todo en su relación con el desgastado sistema de partidos del país. No es poca cosa.

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Ya que se trata de hechos relevantes para el sistema político, corresponde también preguntarse por qué es recién hasta ahora que, contrarreloj (e incluso contra la pared, dirán algunos), esta organización busca los caminos para salir de su propio laberinto. Y, ojo, no es el único partido que corre contra el tiempo; se sabe que de 10 partidos políticos, solo tres han cumplido hasta la fecha con lo establecido respecto a directivas. Huelga señalar que el plazo que hoy se maneja como de máximo cumplimiento: 7 de mayo, es un plazo establecido en una cuarta ampliación, el verdadero plazo feneció hace dos años. Cuatro veces ha debido flexibilizar la normativa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), conminando a quienes pugnan por ofrecer proyectos colectivos al país a que cumplan la normativa. Algo similar a lo que pasa con la actualización de los estatutos de las organizaciones, cuyo plazo extendido por tercera vez culminará también a inicios de mayo.

Apelo al dato porque da cuenta del nivel de flexibilidad con la que la institucionalidad electoral viene intentando que el cúmulo de organizaciones políticas cumpla con lo que estableció la norma hace seis años. Bien podría decirse que también el TSE lleva mucho tiempo intentando sortear obstáculos y salir del laberinto que implica “jalar” a la mayor parte de organizaciones políticas del país a que cumpla la norma. De ahí las conminatorias, exhortaciones y ampliaciones que terminan debilitando su capacidad para dar cumplimiento a la ley.

Además de ello, es inevitable caer en cuenta, y por lo tanto imposible de no apuntar, que una buena parte de las acciones institucionales que ha tenido que adoptar el TSE en sus recientes acciones, provinieron de una intervención judicial. El efecto simbólico de esta intrusión es el incremento de la presión sobre la institución electoral y el efecto material es el de mantener al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como una instancia administrativa y no jurisdiccional en temas electorales (como le es asignado en la CPE, pero casi no ha sido puesto en práctica).

Buena parte de los partidos políticos, pero el MAS-IPSP en el centro —por su peso en el sistema de partidos—, tienen una responsabilidad no solo con sus proyectos de país y militancias, sino también con la institucionalidad democrática del país, que necesitamos en pie para sortear adecuadamente el periodo electoral que se avecina. Y la responsabilidad tiene que ver con cumplir la normativa sin presionar a que el árbitro determine a conveniencia las formas que están ya escritas en leyes, reglamentos y estatutos. Pues esto solo significa seguir comprimiendo la ya debilitada institucionalidad, en detrimento de los clásicos mecanismos políticos: como ser el diálogo, la negociación y la concertación. 

Es complejo que empiece a parecer mejor idea zafar de lo que se está convirtiendo un problema: la democratización interna dentro de las organizaciones políticas (es decir: primarias). Pues este fracaso daría cuenta de que en vez de ampliar la democracia, tenemos que contraerla porque nuestra realidad política nos impide, en este momento, gestionarla en su bondadosa amplitud.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka