Los tiempos de la democracia empiezan a apurar y los cambios intempestivos, obviamente, no ayudan. En 2018 se improvisó a la carrera una Ley de Partidos que en la cabeza de algunos ministros sonaba como un argumento suficiente para contrarrestar el efecto negativo de la nominación de Evo Morales por encima del No del referéndum de 2016. Algo así como “un clavo saca otro clavo”.

Era evidente que no iba a funcionar, porque además la idea original de primarias abiertas similares a las argentinas que las convirtiera en una elección anticipada, y que tal vez sí hubiera podido servir de argumento, se deshecho rápidamente y todo quedo en un teatrillo en el que los diferentes partidos habilitaron una sola candidatura a la que votaron los militantes que se pudo movilizar.

Fue el enésimo tiro al pie de aquel MAS que al final fue a la elección con Morales “pasara lo que pasara”, y pasó.

La Ley solo se aplicó para las elecciones de 2019, pues en las de 2020 de nuevo los plazos apuraban y se hizo una transitoria para obviarla, pero cinco años después nos encontramos prácticamente en el mismo punto: Los paridos no logran cumplir con los requisitos de democratización, sobre todo porque la mayoría son siglas pantalla con las que comerciar, y los otros, como en el caso del MAS, porque quien agarra el poder no quiere soltarlo, justamente el problema que se argumentó como justificación de una norma que invierte recursos públicos para dirimir cuestiones de entidades privadas como los partidos, pero que tienen especial incidencia en la vida de todos los bolivianos.

Es verdad que unos pocos discuten sobre si la primaria puede ser abierta o cerrada y cuándo sería más conveniente hacerla, mientras que el MAS aún discute si convoca Congreso para adecuarse a la norma y entonces recién discutir qué hacer con las primarias, y es vedad que si no fuera el MAS, el partido más grande de la historia y el más popular mal que le pese al MNR, haría días que su sigla había desaparecido, sin embargo, mientras no se ponen de acuerdo se siguen modificando fechas y fechas, porque en el propio seno del Tribunal Supremo Electoral existen equilibrios similares.

En medio de este pulso, al presidente Luis Arce se le ha ocurrido volver a cambiar a los delegados presidenciales en el TSE (ya lo hizo en 2021), una facultad contemplada en las normas, pero que deja a la interpretación aquello de si una vez nombrado tiene la garantía de continuidad por los seis años de mandato de forma que solo le debe lealtad al Estado y al TSE, o debe cuidarse de agradar a quien lo nombró para no ser cesado, que por otro lado parecería ser lo que se salvaguarda con la mención. La discusión puede ser meramente retórica, pues cuando hay una decisión política, “los abogados arreglan”.

Así, todo el foco le ha venido a caer al bueno de Gustavo Ávila, a quien en Tarija conocemos de sobra: de familia militar y ancla nacionalista empezó trabajando en la Corte, para después hacer carrera en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, donde llegó a ser Oficial Mayor con el MAS. Esa misma Asamblea es la que después lo eligió vocal del Tribunal Departamental del que fue presidente hasta el final y por cierto, aquel lunes de octubre de 2019 antes de que estallaran los conflictos en todo el país, Ávila tenía cerrado el cómputo oficial aprobado por los partidos en el que por cierto el MAS perdía por goleada con Carlos Mesa firmando el peor resultado en Tarija en 15 años.

Como sea, Ávila y el resto de vocales del TSE deben erigirse ahora en una suerte de mediadores que desbloqueen el proceso en el MAS y en el resto de partidos, sea mediante la concertación o directamente mediante la eliminación de la sigla. La otra alternativa es una iniciativa legislativa que proponga otro marco distinto en un tiempo récord y con todos los intereses sobre la mesa, algo que normalmente no suele salir bien.

El tiempo apremia y ya demasiadas certezas institucionales han quedado en tela de juicio en los últimos meses. Urge tomar decisiones. Las elecciones de 2025 no son negociables.