Magistrados de organismos electorales de cuatro países y especialistas del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) alertaron sobre los fallos judiciales que afectan la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En Bolivia gobernantes, partidos y dirigentes políticos judicializaron la política en los últimos años.

“La imparcialidad y la independencia del Órgano Electoral en su función de administrar justicia electoral son fundamentales para garantizar que las decisiones sean justas y respetadas por todas las partes involucradas, de este modo una decisión judicial que “revise” una decisión de una instancia electoral no debe afectar la estabilidad y la legitimidad de los sistemas democráticos”, señala el tercero de siete puntos de la resolución que emitieron los expertos en un evento que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.

La expulsión de parlamentarios de sus partidos; la realización de congresos partidarios y hasta los referéndums revocatorios de autoridades electas fue trasladada a la justicia ordinaria, luego de los perdedores desconocieron los fallos del máximo tribunal electoral del país.

Así sucedió con la expulsión del diputado Rolando Enríquez Cuellar del MAS. Su caso debía definirse en el marco de la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Organizaciones Políticas. Pero el proceso terminó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y anuló la decisión de la justicia electoral.

Lo propio sucede con el congreso del MAS que es un caso eminentemente político-electoral de una organización regida por el TSE. Sin embargo, el Gobierno alentó su discusión en el ámbito judicial y sigue ventilándose en esos tribunales.

El reciente referéndum revocatorio contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa ya estaba en estrados judiciales porque no aceptaban la recolección de firmas; sin embargo, el rechazo del Tribunal Departamental Electoral (TDE) ocasionó que se retire el proceso judicial.

“La observancia de estos principios protege la integridad del proceso electoral y por tanto contribuye al fortalecimiento de la democracia y al mantenimiento de la paz social; son principios esenciales para garantizar elecciones libres y justas, así como para preservar la legitimidad y la estabilidad de los sistemas democráticos”, recuerda la segunda conclusión de las autoridades electorales.

Los magistrados electorales de Colombia, El Salvador, Honduras y México, además de miembros del Ceela, reflexionaron en torno al estado de situación de la justicia electoral en la región. En ese marco instaron a “garantizar la independencia de la justicia electoral requiere medidas que fortalezcan la imparcialidad, autonomía y calidad de las decisiones del OEP, protegiendo así la integridad y legitimidad de los procesos electorales en democracia. Estas medidas tienen que ver con el blindaje institucional de las autoridades electorales, la total autonomía financiera y administrativa, además de la capacitación y especialización de los administradores electorales.