Comunarios de la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera, mujeres y hombres, fueron agredidos este fin de semana por mineros del sindicato Avicaya (Empresa Salvada S.C.), según una denuncia interpuesta ante el Gobierno departamental de Oruro por parte de la Asociación de Pueblos Indígena Originarios Campesinos Qhana Pukara Kurmi y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas.

De acuerdo a la denuncia, la agresión se produjo mientras se encontraban en vigilia en rechazo a “las actividades mineras irregulares”, que ejecuta la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva en perjuicio de las áreas de cultivo y fuentes de agua del lugar. “Han atacado a mujeres que se encontraban en vigilia mientras esperaban respuesta a su denuncia”, detalla el documento.

En ese sentido, la comunidad Totoral Chico solicitó a la Secretaría de Minería, Metalurgia y Recursos Energéticos de la Gobernación orureña que proceda a revisar el contrato administrativo a favor de la empresa minera denunciada por agresión, considerando que esta última se sobrepone al espacio donde residen las familias de dicha comunidad y que les fue otorgado sin que los comunarios hayan sido previamente consultados, “ni menos autorizado actividad minera en su comunidad”.

Demandan acciones urgentes

Frente a todo ello, los comunarios exigen a las autoridades competentes, como la Defensoría del Pueblo, actuar con urgencia para frenar acciones semejantes de los mineros, velando por la tierra y fuentes de agua de las comunidades.

De igual manera, exigen la revisión de la constitucionalidad de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, ya que causa esas invasiones tanto a territorios indígena originario campesinos como a las áreas protegidas; en ese sentido, en el documento de la comunidad se cuestiona el hecho de que los mineros sean eximidos de la consulta previa y ser “privilegiados con supuestos derechos preconstituidos”.

En el documento, la comunidad Totoral Chico llama a organismos internacionales, como la ONU, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas y la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, a conocer la vulneración de derechos colectivos en Bolivia en favor del sector minero, interculturales y grandes capitales.

Consecuentemente, el documento remarca que todo ello afecta notablemente a las áreas protegidas a su biodiversidad y a la calidad de sus ecosistemas, perjudicando a las fuentes de agua y alimentos en grave detrimento de la población. Hasta el momento, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aún no se pronunciaron al respecto.