Las comisiones revisoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitaron a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro e Israel Campero, cuestionados por su afinidad con el arcismo y sus actuaciones en favor del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fueron habilitados por las comisiones revisoras 333 aspirantes a magistrados: 56 del Consejo de la Magistratura; 33 del Tribunal Agroambiental; 70 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 174 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La siguiente fase (décima) comenzará este lunes y consistirá en la evaluación de méritos de los habilitados, en la que se les asigna puntaje. De acuerdo con el cronograma, el 6 de mayo el Legislativo debe remitir al Tribunal Supremo Electoral la lista de los postulantes preseleccionados para las elecciones judiciales.

Castro, que se postula al Consejo de la Magistratura, fue impugnada porque incluyó entre sus documentos un certificado de idioma nativo que no está a su nombre, además está cuestionada por pedir a una periodista que borre sus imágenes y retenerla en su despacho durante 40 minutos, además porque en 2020 dictó fallos a favor de Evo Morales y de siete colaboradores en menos de un mes.

“He impugnado a la candidata Castro por existir en su contra varias denuncias en el ejercicio de los cargos públicos que ha ejercido, desde funcionaria de la oficina de Derechos Reales, fiscal de materia, juez anticorrupción y de violencia contra la mujer y el propio cargo que ahora ejerce”, dijo el abogado Eduardo León a Brújula Digital.

También recordó que la abogada fue suspendida por el tribunal de honor del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz por dos años del ejercicio profesional, resolución que fue confirmada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.

La periodista de la Red ATB, María Ulo, denunció que la jueza Castro la retuvo en su juzgado contra su voluntad durante 40 minutos, el 26 de octubre de 2023, e intentó obligarla a borrarlas imágenes que captó con su celular, mientras personal del despacho judicial y policías la rodeaban para intimidarla.

La periodista acudió a la oficina de la jueza para conocer las razones que impiden la firma de un mandamiento de libertad en favor de la exgerente del Banco Unión, Marihela Valdez, que permanece detenida en una cárcel pública tras denunciar un desfalco en la entidad bancaria de 37,6 millones de bolivianos, equivalente a unos 5,4 millones de dólares, aproximadamente.

En diciembre de 2020 y en menos de un mes, la jueza Castro dictó fallos que favorecieron a Evo Morales, Álvaro García Linera, a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y Nemesia Achacollo, además del exjefe de la DGAC Celier Arispe y al dirigente afín al MAS Faustino Yucra.

Las resoluciones absolutorias de Castro fueron emitidas después del triunfo del MAS en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020. Por ejemplo, el sábado 31 de noviembre, cerca de la medianoche, dictó un fallo a favor de Quintana, quien permanecía en la residencia de la Embajada de México desde noviembre de 2019.

En la segunda quincena de noviembre, Castro cesó la detención domiciliaria de Achacollo, dentro del caso abierto por un desfalco de cerca de 170 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo Indígena.

Entonces también suspendió la detención domiciliaria del exdirector de la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) Celier Aparicio Arispe, quien poco después fue posesionado en el mismo cargo. Fue denunciado porque favoreció con dos obras millonarias a la empresa de su esposa cuando era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (2016) y director general de la DAGC (2019), y por cuya causa la justicia tiene procesos penales abiertos en su contra.

Denuncias contra vocal Israel Campero

En diferentes conferencias de prensa, parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y del ala “evista” lanzaron acusaciones contra el vocal de la Sala Constitucional I La Paz, Israel Campero, quien actualmente postula al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y fue habilitado por la comisión revisora.

Los legisladores evistas de la bancada de Cochabamba recordaron que Campero suspendió las facultades legislativas de interpelar a ministros, además desconoció el congreso del MAS de Lauca Ñ en una de sus resoluciones recientes. Los evistas consideran que emitió esas decisiones a cambio de ser habilitado para ser elegido magistrado del TCP.

“Este señor (Campero) está pagando favores políticos. Lo que dijo es que ‘voy a hacer estas cosas siempre y cuando me nombren magistrado del Tribunal Constitucional”, denunció en días pasados el diputado evista Santos Mamani.

La bancada de Comunidad Ciudadana acusó al vocal Campero de ser un operador del Gobierno y tratar de perjudicar, con sus resoluciones, a la alianza opositora liderada por Carlos Mesa. En una reciente resolución, Campero había dado un plazo de 72 horas para que CC haga la elección de jefes de bancada, debido a una acción presentada por disidentes. “El objetivo de Luis Arce Catacora, Iván Lima, cuyo peón y mercenario es este vocal de la Sala Constitucional I era forzar falsamente un proceso penal. Ustedes saben que cuando no se cumplen las decisiones de Amparo hay una amenaza penal de cárcel hasta 10 años”, mencionó el diputado Carlos Alarcón de CC.

La postulación del mismo vocal, Israel Campero, fue impugnada por la activista María Galindo, quien acusó a la autoridad judicial de favorecer con una detención domiciliaria al sentenciado por feminicidio William Kushner. 

Galindo también impugnó a Campero por favorecer a un feminicida y dijo que es un “pez gordo” del Gobierno. “Estoy presentando una impugnación contra una habilitación, porque está habilitado, pero si llegan a habilitarlo voy a hacer contracampaña porque no se puede matar una mujer y que un corrupto le dé vacación a un feminicida”, anunció Galindo al presentar la impugnación, el 27 de marzo de 2024.

 BD/RED